La revocación de la concesión de Agua de Puebla enfrenta un escenario altamente complicado debido a la estructura jurídica con la que fue otorgada en 2013, afirmó la presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, Laura Guadalupe Vargas Vargas.
La legisladora explicó que el contrato mediante el cual se concesionó el servicio de agua potable recibió la aprobación del Congreso local y contempla diversos mecanismos legales que dificultan cualquier intento de cancelación, aun cuando persistan las inconformidades ciudadanas por la calidad del servicio.
Concesión cuenta con un blindaje jurídico
De acuerdo con Vargas Vargas, el título de concesión fue diseñado con múltiples candados legales que obligarían a enfrentar un procedimiento complejo en caso de buscar su revocación.
"El título de concesión es tan complejo y tiene tantos candados que es casi imposible revocarlo", sostuvo la diputada al referirse al marco jurídico que protege el contrato vigente.
El Congreso apuesta por exigir cumplimiento
Frente a este panorama, la presidenta de la comisión precisó que el propósito del Poder Legislativo no consiste en retirar la concesión, sino en fortalecer los mecanismos que permitan exigir a Agua de Puebla el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
Asimismo, destacó que el tercer convenio modificatorio incorporó nuevas herramientas para supervisar el desempeño de la empresa concesionaria. Entre ellas figuran sanciones que anteriormente no existían, con el objetivo de garantizar consecuencias cuando incumpla los indicadores de desempeño o afecte la prestación del servicio.
Finalmente, Vargas Vargas reiteró que el reto consiste en mejorar la atención que reciben los usuarios mediante instrumentos legales que obliguen a la concesionaria a elevar la calidad del servicio de agua potable, sin recurrir a un proceso de revocación que calificó como prácticamente inviable por su complejidad jurídica.
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