¿Comisión o vocería?
Sin duda, toda resolución judicial que determine la absolución de una persona a la que nunca se le acreditó de manera fehaciente la comisión de un delito debe ser respetada. Se trata de un principio fundamental del Estado de derecho. Sin embargo, resulta cuestionable la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de invitar a Israel Vallarta Cisneros, quien recuperó su libertad después de permanecer 19 años en prisión acusado de manera injusta por el delito de secuestro, según ha sostenido. El hecho llama la atención porque un organismo autónomo tendría que actuar con plena independencia de cualquier fuerza política. No obstante, la actuación de la comisionada presidenta, Rosa Isela Sánchez Soya, refleja una estrecha sintonía entre la agenda de la Comisión y la narrativa impulsada por Morena y sus gobiernos ¿Por qué resulta relevante? Porque la liberación de Vallarta fortalece uno de los principales discursos de la llamada Cuarta Transformación: el que sostiene la responsabilidad del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como la crítica permanente hacia quienes participaron en la difusión pública de aquel caso. En ese contexto se inscribe el señalamiento contra el periodista Carlos Loret de Mola, identificado por el oficialismo como Lord Montajes, debido a la transmisión televisiva de la detención de Vallarta en 2005, episodio que el actual Gobierno ha utilizado de manera reiterada como ejemplo de las supuestas prácticas del antiguo régimen. Más allá de la motivación de Sánchez Soya, la invitación alimenta la percepción de que la CDH renunció a la distancia institucional frente al poder político. Un organismo creado para proteger derechos fundamentales no puede permitirse proyectar una imagen de alineamiento con la narrativa gubernamental, pues ello debilita su credibilidad, compromete su autonomía y pone en entredicho la imparcialidad con la que está obligado a desempeñar su labor. ¿Será?
Pirotecnia puerca
La celebración de la feria patronal en honor a la Virgen del Carmen, en Huejotzingo, terminó envuelta en una polémica que trascendió el ámbito religioso. Durante el espectáculo de fuegos artificiales, uno de los tradicionales castillos mostró la figura de dos cerdos en posición de apareamiento, con movimientos mecánicos explícitos, lo que provocó la indignación de familias y fieles católicos, quienes calificaron la escena como una ofensa y una muestra de pésimo gusto. Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales, donde el episodio fue bautizado como “pirotecnia puerca”. La controversia obligó al presidente municipal, Roberto Solís, a deslindarse del contenido del espectáculo al asegurar que su administración únicamente financió la exhibición pirotécnica, sin intervenir en el diseño de las figuras. La historia dio un giro cuando uno de los artesanos difundió un video para ofrecer disculpas y aseguró que el exalcalde Carlos Morales, a través de intermediarios, le pagó para incorporar esas figuras a última hora con el propósito, según su versión, de provocar un escándalo. Si ésto resulta cierto, el episodio deja de ser una simple ocurrencia para convertirse en un ejemplo preocupante de hasta dónde puede llegar la confrontación política. Utilizar una celebración religiosa, una tradición popular y el trabajo de los artesanos como herramientas para el golpeteo político degrada el debate público y vulnera el respeto que merece una comunidad y sus creencias. Porque cuando la disputa por el poder invade incluso los espacios de fe, los únicos que terminan perdiendo son los ciudadanos. ¿Será?