Balazos y candidaturas
El empresario agrícola Marco Antonio Huesca López quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que aparece realizando múltiples disparos al aire con un arma de fuego. No se trata de un personaje ajeno a la política. Toño Huesca ha competido en dos ocasiones por la presidencia municipal de Tepeyahualco: en 2021, postulado por Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, y en 2024, como candidato de Nueva Alianza. En el ámbito local se le ubica como el perfil impulsado por el grupo del actual alcalde, Said de Jesús Godos Luna, para contender nuevamente por la alcaldía en 2027, ahora bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México, dentro de la coalición con Morena y el PT. Este episodio reabre el debate sobre la responsabilidad que deben asumir quienes aspiran a un cargo de elección popular, así como los partidos que los postulan. En un estado donde las autoridades locales han sido señaladas por actos de violencia, como ocurrió recientemente en San Lucas Atoyatenco, con el homicidio de un periodista, cualquier aspirante o candidato armado debe ser revisado, vigilado y, en su caso, sancionado. ¿Será?
Deuda por fotomultas
Además del conflicto político y administrativo que enfrenta el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, acumula un adeudo por fotomultas que evidencia otra arista de su gestión. De acuerdo con una orden de cobro emitida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, la alcaldesa debe 38 mil 10 pesos por diversas infracciones al reglamento de tránsito estatal cometidas con el vehículo en el que habitualmente se traslada, sanciones que, al parecer, permanecen sin ser liquidadas. Más allá del monto, el caso adquiere relevancia por el mensaje que envía a la ciudadanía. Quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley también está obligado a responder por las sanciones derivadas de su incumplimiento. En un contexto marcado por cuestionamientos a la administración municipal, el adeudo alimenta la percepción de una posible negligencia en el cumplimiento de las obligaciones civiles de Lupita Barcenas y debilita la autoridad moral con la que ejerce el cargo de presidenta municipal. ¿Será?
Verificación, reprobada
Aunque las autoridades insisten en que la verificación vehicular tiene un propósito exclusivamente ambiental y no recaudatorio, apenas tres de cada 10 automovilistas cumplen con esta obligación. La secretaria de Medio Ambiente, María de los Ángeles Ballesteros, informó que durante el primer semestre de 2026 se realizaron 337 mil procesos. De ese total, más del 91 por ciento de las unidades aprobó la prueba, lo que evidencia que los vehículos cumplen con los límites de emisiones contaminantes. Sin embargo, el verdadero desafío no está en el número de automovilistas que se presentan, sino en la amplia mayoría que permanece fuera del programa. El verdadero desafío para el Gobierno estatal no está en el número de automovilistas que sí se presentan a verificar, sino en la amplia mayoría que permanece fuera del programa. Mientras sólo una minoría cumple con la normativa, el impacto ambiental de la estrategia seguirá siendo limitado y difícilmente podrá traducirse en una mejora sustancial de la calidad del aire de la zona metropolitana y los municipios más poblados. ¿Será?
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