La presencia del grupo delictivo Los Ardillos en territorio poblano fue reconocida por el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, luego del desplazamiento forzado de habitantes de comunidades de Guerrero hacia la zona limítrofe con Puebla.
Informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene un operativo permanente en la franja fronteriza entre ambas entidades para contener posibles incursiones del grupo criminal y prevenir hechos delictivos.
"Sí tenemos identificado a ese grupo; mayormente operan en Guerrero. Fueron ellos los que lanzaron amenazas a la presidenta (municipal de Acatlán de Osorio, Guadaluoe Bárcenas). Nosotros vamos a estar establecidos ahí todo el tiempo, porque eso evita que estos grupos se adentren a delinquir", declaró.
Sánchez González señaló que la vigilancia en la zona fue reforzada mediante una Base de Operaciones Interinstitucional, en coordinación con la Defensa Nacional.
Asimismo, reconoció que en la región limítrofe con Oaxaca, las corporaciones mantienen acciones para contener la operación del grupo criminal Los Rojos, con presencia en la Mixteca poblana.
En otro tema, el titular de la SSP admitió que habitantes del municipio de Esperanza están presuntamente coludidos con la delincuencia organizada, situación que impidió que policías estatales ingresaran el fin de semana para recuperar un tractocamión con reporte de robo.
Por otra parte, Sánchez González informó que durante junio de 2026 el estado registró una disminución del 37.3 por ciento en los homicidios dolosos, al contabilizarse 28 víctimas menos en comparación con el mismo mes de 2025.
Destacó que esta cifra representa el número más bajo de asesinatos registrado en la entidad poblana durante los últimos 11 años.
Asimismo, informó que del 1 al 30 de junio, la SSP llevó a cabo mil 94 acciones operativas, que derivaron en la detención de 397 personas.
De ellas, 222 fueron puestas a disposición del fuero común, 45 del fuero federal y 130 ante un juez calificador.
Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier atribuyó la reducción en los indicadores delictivos a la política de cero tolerancia a la impunidad implementada por su administración.
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