A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien ya fue ingresado al penal federal del Altiplano por su presunta responsabilidad en desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Las investigaciones señalan que el exmandatario habría ordenado la destrucción de grabaciones captadas por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, material considerado clave para reconstruir los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Nuevos testimonios fortalecen la investigación
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la captura derivó de un nuevo análisis del expediente y de declaraciones obtenidas durante los últimos meses. Según la dependencia, un colaborador reveló que las videograbaciones fueron retiradas y entregadas directamente a Aguirre, además de asegurar que recibió amenazas para guardar silencio durante más de una década.
Posteriormente, un testigo protegido declaró que el exgobernador presuntamente instruyó a integrantes de su administración para eliminar cualquier evidencia relacionada con el caso.
La imputación coincide con el proceso penal que enfrenta Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien también enfrenta cargos por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Familias piden justicia y expertos llaman a esperar pruebas
El Centro Prodh informó que los familiares de los normalistas no recibieron una notificación previa sobre la imputación. Sin embargo, sostuvo que, si el procedimiento se desarrolla conforme a derecho, podría representar un avance importante en la búsqueda de justicia.
Especialistas consultados consideraron que la detención marca un momento relevante dentro del caso, aunque advirtieron que el proceso dependerá de la solidez de las pruebas que presente la Fiscalía durante el juicio.
En 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya había advertido que las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala existían y documentaban la actuación policial aquella noche, contradiciendo las primeras versiones oficiales que afirmaban la inexistencia del material.