Se cumplieron 10 meses de huelga en Nacional Monte de Piedad y los trabajadores mantienen en alto una postura de dignidad sindical, ante el menosprecio del Gobierno federal.
Diez meses de conflicto laboral que, a decir de los propios huelguistas de guardia en una de las sucursales en Puebla, ha dejado deudas y patrimonio familiar vendido para sobrevivir.
Con miles trabajadores en huelga sin percibir ingresos para sus familias desde el 1 de octubre de 2024, y con clientes sin poder recuperar sus bienes empeñados, el Gobierno federal es desdeñoso.
Para el Gobierno federal la única solidaridad que les interesa es con el régimen militar de los Castro, en Cuba, a donde envían miles de toneladas de alimentos y buques con petróleo crudo para sostener al Gobierno isleño que acapara y condiciona la ayuda a la población.
La colocación de las banderas rojinegras en más de 300 sucursales ha significado la existencia de una de las huelgas nacionales más prolongadas durante el régimen de la 4T.
Tampoco existe interés de la administración federal del autonombrado Gobierno de “izquierda” para solucionar el conflicto laboral, mediante un arbitraje laboral.
Los trabajadores en huelga han librado a través de los dirigentes sindicales, una y otra batalla jurídica en tribunales laborales, resistiendo a una embestida del gobierno federal y la representación patronal.
Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) omiten la imparcialidad que favorezca la justicia laboral.
El sociólogo Marath Baruch Bolaños López, sin experiencia en litigios laborales porque no es abogado, ni conocimiento en la materia, se ha puesto del lado del interés patronal.
Bolaños López le allana la representación patronal de Nacional Monte de Piedad todas las rutas legales para debilitar el movimiento sindical, incluido el intento de declarar inexistente la huelga, batalla que ganaron los trabajadores en el recuento.
A la postura federal contra los trabajadores en huelga, se suma la postura cómplice de los partidos políticos, desde el oficialista y sus aliados, así como los de la oposición, que no se han pronunciado al respecto en las respectivas cámara legislativas.
En un país donde prevalece la economía informal y son menos los centros de trabajo formal, socialmente hay una indiferencia hacia los huelguistas, porque la solidaridad sindical y social van a la baja, porque los sindicatos y centrales obreras están en un proceso franca extinción.
A diferencias de décadas anteriores con conflicto sindicales como ocurrió con el movimiento de los trabajadores de la Ruta 100 de Ciudad de México, las huelgas en la UNAM y en otras universidades, o del Sindicato Mexicanos de Electricistas (SME) (la oposición de esas décadas ahora en el Gobierno) se extinguió el apoyo social a los trabajadores en huelga.
Pese a la larga tradición del movimiento sindical independiente en el país, desde la década de los cincuenta con el movimiento magisterial, de los médicos, ferrocarrileros, electricistas, mineros… Las grandes centrales obreras están en debacle, entregados al corporativismo que empezó con el PRI y se profundizó en el actual régimen.
Huelgas como la actual en Nacional Monte de Piedad figuran como un fenómeno de crisis humanitaria que afecta a miles de trabajadores y sus respectivas familias, ante la indiferencia gubernamental y social.
Entre los huelguistas prevalece un sentimiento compartido, después de 10 meses en huelga y sin sueldo, de crisis por crecientes deudas y afectaciones al patrimonio familiar.
La huelga dejó de ser únicamente un conflicto sindical para convertirse en una crisis humanitaria que sigue sin una fecha clara para concluir el conflicto laboral, y van por el décimo primer mes.