Familiares de Karla Valeria Jiménez García se manifestaron en el Zócalo y posteriormente frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por la muerte de la joven, ocurrida el pasado 26 de julio en el Infonavit San Aparicio.
Con flores, veladoras y cartulinas con mensajes como "No fue suicidio", rechazaron la versión inicial de los hechos y denunciaron la falta de avances en la investigación. Más tarde realizaron una marcha pacífica para demandar que el caso sea investigado con perspectiva de género.
Frente a la sede de la FGE, Carolina Sánchez, madre de la víctima, aseguró que existen elementos que, a su consideración, evidencian que su hija fue víctima de violencia antes de morir.
"Se notaba a simple vista la violencia que ella sufrió. Los vecinos escuchaban que gritaba 'ya no, ya no', pidiendo auxilio. ¿Qué más pruebas quiere la Fiscalía?", expresó.
La mujer afirmó que el cuerpo presentaba golpes en distintas partes, lesiones en el rostro y arañazos en las manos. Asimismo, cuestionó el dictamen inicial al señalar que las autoridades atribuyeron algunas de esas lesiones al proceso de descomposición del cuerpo.
También denunció presuntas irregularidades durante las primeras diligencias. Según su versión, mientras el cuerpo de su hija permanecía en el domicilio, familiares de la expareja retiraron bolsas con ropa y otras pertenencias del inmueble, además de que un vehículo salió del lugar antes de que concluyeran las actuaciones periciales.
En ese contexto, solicitó que se investigue la presencia de un familiar de la expareja de Karla Valeria, identificado como Víctor Ramírez Ávila, a quien señaló como agente del Ministerio Público, al considerar que podría existir un conflicto de interés en la integración de la carpeta de investigación.
Por ello, pidió que dicho funcionario sea separado del caso y que se revise la actuación de quienes participaron en las diligencias iniciales.
La madre de Jiménez García también manifestó su preocupación por el bienestar de su nieto, de cuatro años, quien, afirmó, permanece con la familia paterna y no pudo asistir al sepelio de su madre.
Finalmente, hizo un llamado a la FGE para que la investigación se realice con transparencia y, de existir responsabilidades, se proceda conforme a derecho.
"Sólo queremos una investigación limpia y transparente. Queremos justicia para Valeria para que no sea una víctima más", concluyó.
De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, los estándares nacionales e internacionales establecen que toda muerte violenta de una mujer con signos de violencia debe investigarse inicialmente como feminicidio para garantizar una investigación con perspectiva de género, preservar las pruebas y evitar la revictimización de las víctimas y sus familias.
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