La comunidad latina se convirtió en el principal objetivo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump durante 2025, de acuerdo con un informe elaborado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que reúne información de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Pew Research Center y el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse.

Crecen arrestos y deportaciones

Entre enero y octubre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) efectuó más de 187 mil arrestos, mientras concretó alrededor de 126 mil deportaciones. El reporte señala que los latinos representaron el 91% de las detenciones y el 96% de las expulsiones, aunque constituyen entre el 76 y el 80% de la población indocumentada que reside en Estados Unidos.

Las cifras reflejan un endurecimiento de la estrategia migratoria y evidencian que los operativos alcanzaron principalmente a personas de origen latino.

La mayoría no tenía antecedentes penales

El estudio también muestra un cambio en el perfil de quienes permanecen bajo custodia migratoria. Hasta el 11 de julio, 70.6% de las 65 mil 765 personas detenidas por ICE no registraba condenas penales, un dato que contrasta con el discurso oficial que sostiene que las acciones se dirigen contra delincuentes de alta peligrosidad.

Investigadores de UCLA identificaron que las detenciones de latinos sin antecedentes crecieron seis veces respecto al último año de la administración anterior, impulsadas por operativos realizados en centros de trabajo y espacios públicos.

Miedo e impacto económico

Una encuesta del Pew Research Center, aplicada a casi cinco mil adultos latinos, reveló que 52% teme la deportación de un familiar o conocido, mientras 47% considera que su comunidad perdió seguridad. Además, cerca de uno de cada cinco entrevistados modificó su rutina diaria por temor a las redadas.

Diversas organizaciones defensoras de derechos civiles documentaron casos de ciudadanos y residentes legales afectados durante estos operativos. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones de discriminación y afirmó que las detenciones responden exclusivamente a la situación migratoria de cada persona.

El informe también advierte consecuencias económicas. Un análisis de UCLA estimó pérdidas por 3.16 millones de dólares en nueve corredores comerciales de Los Ángeles tras la realización de operativos migratorios en zonas cercanas.

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