La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe sobre diversos desarrollos habitacionales en Huauchinango, Puebla, señalados por ubicarse dentro o cerca del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal respondió a un cuestionamiento de 24 HORAS sobre una investigación periodística que documentó viviendas construidas en zonas consideradas de riesgo, además de posibles vínculos entre desarrolladores y una red familiar y empresarial.
Señalamientos sobre desarrollos
Los casos se concentran en comunidades como Vista Hermosa, Buena Vista, Las Perlitas, El Potro, Patoltecoya y Tlacomulco. Habitantes de estas localidades han advertido sobre construcciones en barrancas, laderas y terrenos susceptibles a deslizamientos.
Entre la documentación reunida destaca una notificación emitida por Protección Civil municipal en 2016, mediante la cual se pidió evacuar viviendas de Vista Hermosa debido a las condiciones del terreno.
Vecinos también incorporaron a sus denuncias un dictamen de 2017 relacionado con Buena Vista y zonas de barrancas, donde presuntamente se advertía sobre la inviabilidad del terreno para proyectos habitacionales.
Las inconformidades llegaron hasta la Contraloría del Infonavit, donde habitantes solicitaron investigar los créditos otorgados y establecer restricciones para nuevos financiamientos en los polígonos señalados.
También reclaman posibles daños ambientales
Los denunciantes entregaron documentación a Semarnat, Profepa y Conagua. Una respuesta de Semarnat, fechada en marzo de 2026, señaló que la dependencia no encontró autorizaciones federales de impacto ambiental o cambio de uso de suelo forestal relacionadas con los proyectos denunciados.
La investigación también identificó contratos de obra pública otorgados por el Ayuntamiento de Huauchinango a empresas vinculadas con integrantes de una familia señalada por los habitantes.
En materia ambiental, especialistas han advertido que la pérdida de cobertura forestal puede disminuir la infiltración de agua, incrementar escurrimientos y afectar la estabilidad de las laderas.
Tras las publicaciones periodísticas, el gobernador Alejandro Armenta instruyó revisar el caso a dependencias estatales y a la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de determinar si existen responsabilidades.