El gobernador electo advirtió que no renegociará los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP).

Por: Mario Galeana

El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta negó que los ex secretarios de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña y José Antonio González Anaya encabecen un equipo de trabajo para renegociar la deuda heredada por el gobierno de Rafael Moreno Valle.

A través de Twitter, el morenista advirtió que no renegociará los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP) —mediante las cuales se financiaron obras públicas como el Museo del Barroco o el Centro Integral de Servicios (CIS)—, sino que su gestión se dedicará a investigarlos y difundirlos a la ciudadanía.

La advertencia del próximo mandatario estatal sucedió después de que, en su columna de trascendidos, el periódico nacional Milenio asegurara que Barbosa Huerta trataba de renegociar estos contratos a través de un equipo de expertos en finanzas, encabezado por los dos ex secretarios de Estado que trabajaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“En relación al trascendido que hoy se publica en el periódico @Milenio nacional, debo decir que no renegociaré la deuda heredada del gobierno de Rafael Moreno Valle, por el contrario, la investigaré y la daré a conocer”, advirtió en un mensaje escrito la mañana de ayer.

“No tengo ninguna relación profesional con José Antonio Meade, ni con José Antonio González Anaya, a quienes respeto”, agregó.

Tras las elecciones del 2 de junio, el gobernador electo dijo que la deuda del estado podría ascender a más de 30 mil millones de pesos, si se consideraba el pago de fideicomisos, contratos de PPS y APP, y otro tipo de obligaciones financieras.

El 10 de julio, en una reunión con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Barbosa Huerta señaló que sí buscaría renegociar los “contratos leoninos” que permitieron la construcción del CIS y el Museo del Barroco, por los cuales —detalló— el gobierno del estado debe pagar 300 millones y 350 millones de pesos anuales, respectivamente.

Sin considerar este tipo de convenios, la deuda reconocida del estado es de siete mil 140.2 millones de pesos, es decir, de mil 114.5 pesos por cada poblano, de acuerdo con el más reciente informe sobre deuda estatal y municipal del Instituto “Belisario Domínguez” (IBD), del Senado de la República.

ANUNCIA VERIFICACIÓN SIN MULTA

En otro rema, el gobernador electo anunció que el programa extemporáneo para verificar sin pagar sanciones económicas se prolongará durante todo el año.

“En Puebla la verificación vehicular en verificentros es un monopolio ineficiente que terminará. La decisión gubernamental del programa extraordinario de regularización sin pago de multas se extenderá de manera ininterrumpida por todo el 2019, no más molestias a la gente”, escribió ayer, a través de Twitter.

En junio, el gobierno estatal presentó el programa Estímulo para la Regularización en la Verificación Vehicular, para que los automovilistas que no acudieron a verificar sus vehículos pudieran hacerlo, sin multas, del 21 de junio al 21 de julio.

Sin embargo, tres días antes del plazo final el gobierno local anunció una ampliación de la prórroga de verificación hasta el día 31 de este mes.