Privilegiando el derecho humano a la salud y a la vida de los trabajadores del Poder Judicial del Estado y de los usuarios, el Consejo de la Judicatura aprobó una serie de acuerdos para, en primer lugar, prorrogar la suspensión de labores y términos procesales al 31 de julio, además de continuar con la reactivación de procedimientos a través del uso de herramientas tecnológicas, a fin de garantizar la impartición de justicia durante la contingencia sanitaria por Covid-19.
De esta forma, el Consejo de la Judicatura determinó que las actividades ordinarias se reanuden el 3 de agosto del presente año. Cabe señalar que, mientras tanto, se mantendrán vigentes los acuerdos emitidos para la recepción y trámite de demandas en todas las materias, así como la notificación de sentencias por correo electrónico.
En este sentido, los consejeros aprobaron también el uso de promociones y notificaciones electrónicas, así como el desahogo de audiencias virtuales en los procedimientos judiciales de todas las materias.
Mediante el Sistema Electrónico de Control y Gestión, podrán enviarse promociones al Órgano Jurisdiccional, el cual las recepcionará, imprimirá y turnará para su acuerdo, el cual también deberá notificarse a las partes, únicamente de manera electrónica.
En cuanto a la celebración de audiencias necesarias para la continuación o conclusión de los juicios tramitados en todas las materias, bastará que cualquiera de las partes que hubieran comparecido a juicio, manifiesten su conformidad para celebrarla y los jueces determinen su procedencia.
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura determinó también la competencia de jueces supernumerarios especializados en materia familiar, para conocer y resolver los casos de urgencia que ameriten la implementación de mecanismos de protección y respuesta inmediata, a fin de garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, las 24 horas y durante los siete días de la semana.
Con estas medidas, el Poder Judicial del Estado garantiza que la impartición de justicia no se detenga y protege los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos durante la contingencia.