Con un avance global de 87%, y la meta de ponerlo en operación en 2023, al Tren Interurbano México-Toluca aún le falta por resolver 200 metros de liberación de vía en cuatro predios en la Ciudad de México y desarrollar el proyecto ejecutivo de la nueva estación Vasco de Quiroga.
Además de definir si se construye un puente atirantado o se opta por un proceso constructivo menos tardado en la zona conocida como El Manantial, en la alcaldía de Álvaro Obregón.
El director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Manuel Gómez Parra, indició que las indemnizaciones por derecho de vía están pagadas parcialmente.
Primero, explicó, se paga la tierra por medio de avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), y luego se hace la negociación de los bienes distintos al terreno, pues dicho instituto, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no acepta ese tipo de cotizaciones.
“La Secretaría, para el pago de afectaciones en derecho de vía, tiene que basarse en avalúos que emita el Indaabin y no en negociaciones persona a persona.
“Y muchas veces la gente no acepta el avalúo del Indaabin y ahí es donde se atoran las cosas.
Creemos que en costo lo que falta por liberar es mínimo porque ya hay pagos hechos y se han atorado las negociaciones en segundas fases”, dijo Gómez Parra.
Detalló que de los cuatros predios en los que falta liberar el derecho de vía, dos son irregulares por lo que deberá negociarse el desalojo de sus moradores, lo que actualmente lleva a cabo la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
En otro de esos predios, ubicado en Santa Fe, está por resolverse un juicio de amparo en cuestión de semanas, y dijo que confían en que será a favor del Gobierno federal.
“Luego tenemos dos predios entre la Presa Tacubaya y la Presa Ruiz Cortines, son dos familias que están ocupando algunos terrenos, uno de los cuales ya está pagado y el otro es irregular y se niegan a salir a pesar de haber sido indemnizados conforme a derecho”, dijo el funcionario.
El último de los terrenos con conflicto, indicó, es un asentamiento de comerciantes ambulantes en la estación Observatorio y que les impiden continuar con las obras.
Sobre el puente atirantado comentó que se evalúa, por parte de la SCT, la conveniencia de construir ese tramo elevado por medio del sistema de “doble voladizo” y “puentes empujados” para no afectar la zona boscosa.
Gómez Parra señaló que la opción de un atirantado tomaría entre 24 y 30 meses su construcción, lo que no encuadra en los plazos que les exige el Presidente para concluir los trabajos.
LEG