Siguiendo la lógica de austeridad que emana desde la cúspide del Gobierno federal, durante 2022 al menos 25 de los 32 órganos electorales de los estados sufrieron recortes presupuestales para su operación, señala un diagnóstico del Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento clasifica a cuatro Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en alerta roja, debido a que las restricciones presupuestales ponen en riesgo la operación de los institutos.

Se trata de los órganos de la Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos, la mayoría gobernados por el partido oficial Morena, y a los cuales el año pasado los gobiernos locales les pasaron tijera por entre 41 y 65% de sus recursos.

Con riesgo moderado, debido a que los recortes ya comienzan a afectar sus actividades, están los Oples de Campeche, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

En las restantes entidades, aunque se les han ministrado menores recursos a los que solicitaron, todavía no se tiene un impacto en la organización de elecciones.

Respecto al caso de la Ciudad de México, el INE resalta que “el recorte presupuestal que se aplicó para 2022, por más del 50%, afectó tanto la operación como el financiamiento público de los partidos políticos”.

Ante la insuficiencia de recursos, el órgano electoral tuvo que utilizar parte de los recursos de financiamiento de partidos políticos de 2022 para cubrir sus gastos operativos, lo cual tuvo como consecuencia que se solicitarán al Gobierno de la capital del país ampliaciones por 39 millones de pesos para reponer los recursos que se tomaron de los partidos y por 16 millones de pesos para atender las demandas laborales que derivaron de los despidos por la reestructura de funciones.

Lo anterior, es una situación que en los próximos meses podría enfrentar el INE, pues la instrumentación de la reforma electoral federal, conocida como Plan B, según el propio instituto, implicaría recortar casi siete mil plazas.

En la Ciudad de México, de manera adicional, el órgano electoral informó que estaban a la espera de que Morena cumpliera el compromiso de reintegrar 80 millones de pesos de su financiamiento local, lo cual hasta diciembre pasado no había sucedido.

Respecto a Colima, el estudio señala que la tijera del gobierno morenista recortó 65% del gasto operativo del Ople, el cual urgió a una ampliación de 16 millones de pesos para pagar sueldos de funcionarios y gastos operativos.

Tras lo cual el instituto local recibió un depósito de 4.2 millones de pesos, lo cual solo le alcanzó para cubrir los sueldos atrasados de trabajadores.

Entre las acciones de austeridad que implementó el órgano electoral de Colima está “privilegiar la modalidad de trabajo a distancia, cierre de los Consejos Municipales y que las sesiones, tanto del Consejo General como las Comisiones, se efectuarían de forma virtual, además de la suspensión de todas las actividades internas o externas que requieran la inversión de recursos”.

Aún con el cierre de actividades, el Ople, a finales de 2022, quedó con sendas deudas, como el “pago de rentas de los inmuebles que albergan los 10 Consejos Municipales Electorales, así como del de la oficina central; los servicios básicos, las aportaciones patronales al Instituto de Pensiones del Estado y el pago de impuestos federales y estatales”.

En Durango, la falta de recursos generó que el órgano electoral de la entidad quedará a deber 2.8 millones de pesos de gastos operativos y 5.8 millones de pesos de adeudo por la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la pasada elección de gobernador.

Respecto a Morelos, el INE destaca que el Congreso estatal negó las solicitudes de ampliación por más de 28 millones de pesos, lo cual dejó con un déficit al organismo electoral para enfrentar ese año y sin cumplir varios proyectos, como una consulta en materia de candidaturas indígenas.

Para 2023, según el diagnóstico del INE, los Oples del país solicitaron un total de 6 mil 306 millones de pesos para sus gastos operativos; 2 mil 360 millones de pesos, destinados a la organización de procesos electorales, y 6 mil 259 millones de pesos para financiar a los institutos políticos; es decir, un total de 14 mil 917 millones de pesos, sin tomar en cuenta los recortes presupuestales que pudieran presentarse a lo largo del año.