Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con enviar una iniciativa para reformar al Poder Judicial… La cual dependerá de que tenga éxito su Plan C, que implica que Morena consiga la mayoría calificada en el Congreso en 2024.
Este último amago se suma a una serie de descalificaciones por parte del Presidente hacia la Suprema Corte, así como señalamientos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CFE) contra la labor de los ministros.
Este lunes la SCJN invalidó la primera parte del Plan B electoral debido a vicios durante el proceso legislativo, realizados por la mayoría morenista y sus aliados.
Pese a los argumentos de la Corte, durante su conferencia mañanera el mandatario aseguró que el Poder Judicial “no tiene remedio” y “está podrido”, por lo que anunció que en septiembre del próximo año -un mes antes de terminar su encargo- enviará al menos tres reformas constitucionales y otras de carácter social.
Incluyendo “la del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal, en la época del presidente (Benito) Juárez”.
Dicho proyecto es similar a su propuesta de que sea “el pueblo” el que elija a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Apenas el 16 de febrero pasado, el Presidente había sostenido que una reforma de este tipo tenía que partir del propio Poder Judicial, sin embargo, ahora la impulsará a través del Poder Legislativo, partiendo de su pronóstico de que Morena y sus aliados conseguirán mayoría calificada para poder realizar reformas constitucionales sin la oposición.
“Sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial y no queremos dar motivos para que los adversarios (…) Vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial (…) Lo importante es que se purifique el Poder Judicial, pero por decisión de los ministros”, dijo en febrero.
La decisión de la SCJN que deja sin efecto la reforma a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues -consideraron los ministros- su proceso de aprobación incurrió en “graves violaciones” al proceso legislativo.
Ante esto, López Obrador dijo que fue un acto de prepotencia por parte del máximo tribunal del país el “enmendarle la plana” al Congreso.
Cuestionado sobre el voto del ministro Arturo Zaldívar, considerado afín a la llamada Cuarta Transformación, el mandatario federal señaló que no le sorprendió.
Aseguró que en el Judicial existen muchas presiones por parte de bloque conservador, además de que en el país hay muy pocos abogados formados en defender al pueblo: “Imagínense un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Cevallos o de Santiago Creel, ¿qué se puede esperar de ellos?”.
Sobre el Plan C y la reforma a la Corte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum (considerada una de las corcholatas presidenciales favoritas), respaldó al presidente López Obrador.
“Me parece muy bien (Plan C), hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente, no están analizando lo que aprueba el Congreso”, dijo.
Hay quienes piensan que son dueños de la Constitución: Zaldívar
El ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar señaló que hay quienes “piensan que son dueños de la Constitución”, luego de votar a favor de invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
En su cuenta de Twitter, el expresidente de la Corte criticó a quienes creen que su “visión es la única correcta”, en un contexto de ataques al Poder Judicial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, el expresidente de la Suprema Corte manifestó que “hay quienes piensan que son dueños de la Constitución, que su visión es la única correcta. Pero en una democracia la legitimidad de los jueces no descansa en el sentido de sus votos, sino en los argumentos que los respaldan. Solo así la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles, de las que son arbitrarias”.
Zaldívar fue unos de los nueve ministros que votó por anular la totalidad de los cambios a las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, con el argumento de que hubo violaciones graves en el proceso legislativo.
Durante la sesión de este lunes, aseveró que “sí existieron violaciones al proceso legislativo que afectaron de manera determinante; se privó a los diputados, principalmente a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad; es imposible que hayan podido allegarse de toda la información, procesarla y fijar un posicionamiento”.
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