ROCÍO GARCÍA OLMEDO
México a través de su historia ha vivido una serie de acontecimientos políticos, sociales y económicos de trascendencia histórica. Todos han tenido efectos y consecuencias que han permitido poco a poco procesar la construcción del sistema mexicano. Una mirada en retrospectiva nos permite acreditarlo.
Justo ahora el país está inmerso en uno de los acontecimientos de la más alta trascendencia porque se trata de reformar a uno de los Poderes Constitucionales del país: el Poder Judicial.
Aprobado en Cámara de Diputados el Dictamen de reforma al Poder Judicial, el domingo inició el debate en Comisiones en la Cámara de Senadores constituida como Cámara Revisora, y la mayoría de las intervenciones escuchadas refleja una vez más esa enorme polarización tristemente provocada en México durante este sexenio que obnubila el pensamiento.
Porque muchas, muchos, tenemos claro que una revisión integral al sistema actual de justicia es necesaria y urgente. Hemos conocido muchos casos, muy dolorosos, inaceptables de parte de alguna autoridad integrante del Poder Judicial federal o de los Poderes Judiciales de los estados de la República.
Justo es señalar que en muchos casos todo el entramado en el ejercicio del Poder Judicial inicia en una pequeña oficina que ocupan los Ministerios Públicos del país, muchas veces sucia, oscura, sin los mínimos indispensables para el desempeño de su trabajo, es ahí justamente donde inicia esa petición de Justicia que exigen mexicanos y mexicanas que consideran les ha sido violentado algún derecho y estas oficinas no dependen del Poder Judicial, son parte de las Fiscalías: la General de la República o las de las entidades federativas.
Hemos en los últimos meses escuchado diversas opiniones político-partidistas a favor y en contra de esta iniciativa y otras que conformaron el paquete que en el mes de febrero presentó el presidente actual; pero también hemos escuchado los análisis de expertos y expertas, de juristas constitucionalistas, nacionales y extranjeros, todos coinciden en la necesidad de un sistema integral de justicia en México que garantice el acceso real a esa tan mencionada pero poco verdadera justicia pronta y expedita; que garantice también imparcialidad; que quite privilegios y excesos y erradique la corrupción y la impunidad.
Esto habla sin duda de una revisión al sistema actual de justicia, pero hacerlo desde la mirada de un sistema judicial autónomo, detectando y visualizando también en prospectiva las implicaciones negativas que puede generar la aprobación de este Dictamen y que lamentablemente el debate polarizado que se observa, impide ver con claridad lo que debe reformarse; como el procedimiento de selección que se propone para las personas jueces, magistrados y ministros; la disminución de la figura del Amparo; el impacto económico perjudicial para el país; las violaciones a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras; o hasta el impacto presupuestal que trae consigo.
Esto es parte de lo que se ha expresado en todas las intensas movilizaciones y protestas permanentes, en las calles, en las redes, en los medios de comunicación nacionales y extranjeros; por organismos nacionales e internacionales, juristas, estudiantes de derecho, que no han sido escuchadas.
La necesidad de una reforma integral al Poder Judicial es sin duda necesaria, no hay discusión en ello, muchas, muchos hemos puesto en la mesa por ejemplo, las enormes dificultades en el acceso y la justicia para las mujeres.
México a través de su historia ha vivido una serie de acontecimientos políticos, sociales y económicos de trascendencia histórica, este Dictamen de reforma al Poder Judicial por su dimensión y trascendencia se constituye como uno de ellos.
Sin embargo, tal y como está presentado viola la autonomía del Poder Judicial, vulnera el principio de equilibrio y división de Poderes en México y el único objetivo que se percibe en esta reforma es, el control del Poder Judicial.