Desde el 7 de abril, Sagrario Cortés ha sufrido arbitrariedades y amenazas, tales como despido injustificado y amenazas de violación
Por Guadalupe Juárez
El calvario de Sagrario Cortés Montiel inició el pasado 7 de abril.
Amenazas de muerte a ella y a su familia, así como una agresión sexual en su contra pesan desde el día que fue notificada de que como empleada sería trasladada a otra zona de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin goce de viáticos, pese a estar establecidos en su contrato colectivo.
De ser agente comercial de la zona de distribución de Centro Oriente de la CFE sería removida a otro lugar con el puesto de supervisor, uno menor al ocupado.
Al pedir una justificación, la respuesta vino de la mano con un mensaje claro de lo que padecería en los próximos días: “(Tu puesto) es para personal masculino y no para mujeres, porque sólo tienen capacidad para parir” (sic), según se asienta en el expediente 644/2016, cuya copia está en poder de 24 Horas Puebla.
A partir de ese momento, Sagrario ha sido víctima de amenazas, despido injustificado, tortura, privación ilegal de la libertad y discriminación.
Tormento laboral
Sagrario no dejó las cosas así: interpuso un amparo, aunque para los funcionarios de la CFE esto fue un aliciente para dar por terminada la relación laboral con ella.
Antes, el 13 de abril, guardias de seguridad privada la amenazaron con golpearla y violarla si no firmaba una serie de documentos: Sagrario se negó.
El 19 de abril, Cortés quiso continuar con sus labores, sin embargo, el jefe del departamento comercial le pidió firmar documentos sin permitirle leerlos; hecho que intentó grabar en su teléfono móvil, el cual –asegura– le fue arrebatado en ese instante.
En la entrega de su puesto, la denunciante asevera que fue víctima de privación ilegal de la libertad, debido a que no la dejaban salir de su oficina, además de que el personal que acompañaba en esa ocasión a su jefe la comenzó a hostigar y amenazar con matarla a ella y a su familia en caso de no firmar los documentos que le entregaban.
Posterior a esto, arribó Elizabeth Luz María Candia y López, quien se identificó como notario público número tres. Ella le garantizó a Cortés Montiel dar fe de las condiciones en las que dejaba la oficina. Sin embargo, la fedataria no le hizo entrega de una copia del acta de fe de hechos.
Las inconsistencias continúan, desde la firma apócrifa de Sagrario hasta datos imprecisos por parte de los testigos de la paraestatal. Además de que nada garantiza su seguridad y la de su familia, denunció que luego de ser obligada a abandonar su trabajo ha recibido otras formas de intimidación.
Cortés Montiel fue amenazada con ser violada, grabada y exhibida en redes sociales en caso de continuar con el proceso legal iniciado.
Las denuncias de privación de la libertad y tortura son delitos que ya investiga la Procuraduría General de la República tras la denuncia presentada en la delegación Puebla, mientras los amparos siguen en curso en los juzgados federales.
Los denunciados
Miguel Herrera Hernández, superintendente de la zona de distribución San Martín de la Comisión Federal de Electricidad; Andrés Cuautle Velázquez, apoderado legal; Yuri Diego Pérez Curi, jefe de departamento de personal, y Pedro García Serrano, jefe del departamento comercial, son los individuos señalados en los documentos presentados a esta casa editorial.