La defensora de derechos humanos Guedany Figueiras Ayala denunció públicamente a la regidora del Ayuntamiento de Puebla, Vanesa López Silva, por presuntos actos de violencia laboral, censura y violencia política en razón de género, luego de que se le impidiera continuar desempeñando sus funciones en la oficina de la funcionaria debido a “presiones políticas externas”, afirmó.
De acuerdo con Figueiras Ayala, el pasado 20 de febrero la regidora del Partido Morena le comunicó que ya no podría seguir laborando en su equipo de trabajo. Aseguró que la decisión no estuvo relacionada con su desempeño profesional, sino con supuestas presiones provenientes de otros órdenes de Gobierno.
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La activista señaló que desde noviembre de 2025 enfrentaba presiones para ser removida del cargo como asistente de la representante popular, derivadas de su participación pública y su activismo feminista, particularmente por el acompañamiento a casos de alto perfil, como el de Cecilia Monzón.
Explicó que fue cuestionada por asistir a ruedas de prensa, emitir posicionamientos en redes sociales y acompañar exigencias de justicia para víctimas de feminicidio, así como por pronunciarse sobre la denominada Ley Monzón y la protección de niñas y niños en situación de orfandad a causa de feminicidio.
Guedany Figueiras subrayó que dichas actividades las realizó fuera de su horario laboral y en ejercicio de su libertad de expresión, por lo que consideró que su salida responde a una represalia por su postura feminista.
“Mi desempeño nunca fue cuestionado. No he cometido ninguna falta ni he incumplido mis responsabilidades”, afirmó.
INICIA QUERELLAS
Ante estos hechos, la extrabajadora del Ayuntamiento informó que interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), la cual ya emitió medidas cautelares. Asimismo, presentó denuncias ante la Sindicatura Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Figueiras Ayala hizo un llamado al Gobierno municipal para garantizar el respeto a sus derechos laborales y frenar posibles represalias. También convocó a organizaciones civiles y medios de comunicación a no normalizar que el activismo feminista sea sancionado dentro de las instituciones públicas.
Finalmente, sostuvo que el caso no sólo le afecta de manera individual, sino que podría sentar un precedente para otras mujeres que participan en la defensa de los derechos humanos. Confirmó que actualmente realiza los trámites legales correspondientes para dar continuidad a su demanda.
Hasta el cierre de esta edición, la regidora Vanesa López Silva no se había pronunciado respecto a dichos señalamientos.
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