La iniciativa busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes
Con el objetivo de fortalecer la protección de grupos vulnerables, el diputado de Morena Andrés Villegas Mendoza presentó una iniciativa para crear un Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos Sexuales en Puebla, una herramienta que permitiría concentrar información sobre agresores condenados y reforzar las estrategias de prevención.
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Durante la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado del 5 de marzo, el legislador propuso la expedición de una nueva ley enfocada en la protección de víctimas de abuso sexual, particularmente de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa surge en un contexto en el que, entre 2022 y 2024, se han contabilizado cada año miles de carpetas de investigación en Puebla por delitos contra la libertad y seguridad sexual, incluyendo violación, abuso sexual y acoso.
Villegas Mendoza explicó que, aunque el sistema penal poblano ya sanciona los delitos sexuales, actualmente no existe un instrumento administrativo que concentre las sentencias emitidas contra agresores sexuales, especialmente en casos que involucran a menores de edad.
El legislador subrayó que el registro no implicará una exposición pública indiscriminada de datos personales, ya que la información estará bajo un esquema de acceso controlado para instituciones encargadas de la procuración de justicia.
De aprobarse la iniciativa, el padrón incluirá datos como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, delito cometido, pena impuesta y medidas de seguridad. También se establecerá un plazo de permanencia en el registro, por lo que las inscripciones no serán permanentes.
Entre los delitos contemplados para integrar el registro se encuentran corrupción de menores, pornografía infantil, delitos contra la intimidad sexual, lenocinio, trata de personas y delitos contra el libre desarrollo de la sexualidad.
Además, la propuesta plantea sanciones administrativas y penales para quienes hagan uso indebido de la información, como reproducir, transferir o comercializar los datos contenidos en el registro. El acceso estaría restringido a la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, autoridades penitenciarias y dependencias oficiales.
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