Vecinos, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos interpusieron una demanda de amparo indirecto contra el proyecto integral para la construcción del sistema de transporte público por cable, conocido como Cablebús, impulsado por el Gobierno del Estado de Puebla.
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De acuerdo con los denunciantes, el inicio de las obras en distintos puntos de la ciudad se ha realizado sin garantizar procesos efectivos de información y participación pública, además de no proporcionar información técnica completa sobre los impactos ambientales del proyecto.
Señalan que estas acciones contravienen compromisos internacionales en materia ambiental, particularmente el Acuerdo de Escazú, que establece la obligación de los gobiernos de garantizar acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.
Las organizaciones señalan que el Gobierno estatal tenía la obligación de transparentar estudios de impacto ambiental, dictámenes técnicos y análisis de movilidad antes de iniciar la construcción.
Al no hacerlo, sostienen que se incurre en posibles violaciones a derechos humanos y a principios del derecho internacional ambiental, también contemplados en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Según los inconformes, la ciudadanía se enteró del alcance del proyecto a través de medios de comunicación no oficiales, semanas antes del inicio de los trabajos. Entre las principales preocupaciones destaca la posible tala, intervención o trasplante de cientos de árboles en diversas áreas verdes de la capital poblana.
ÁREAS VERDES EN RIESGO
Los colectivos denuncian que las obras del Cablebús podrían afectar espacios naturales y parques urbanos clave para el equilibrio ambiental de la ciudad. Entre los sitios mencionados se encuentran: Parque Benito Juárez; Parque Ecológico Revolución Mexicana; Cerro de Amalucan; Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), así como las áreas verdes cercanas a la Universidad para Adultos de la BUAP en Reforma Agua Azul.
En el instrumento jurídico también se integra un jardín ubicado en la intersección de las calles 17 Oriente y 16 A Sur, en el barrio de San Ángel; el Parque de la Juventud, ubicado en la Diagonal Defensores de la República, además de las zonas arboladas a lo largo del bulevar Xonacatepec, al norte de la ciudad.
Los denunciantes advierten que la reducción del arbolado en estos espacios podría agravar problemas ambientales existentes, como la sobreexplotación del Acuífero Valle de Puebla, que ya presenta un déficit anual de agua. Los parques y áreas verdes, explican, ayudan a infiltrar agua al subsuelo, reducir inundaciones urbanas y regular la temperatura en la ciudad.
IMPACTO EN BIODIVERSIDAD Otro de los argumentos del amparo señala que estos parques funcionan como refugios para la biodiversidad urbana, incluyendo más del 50 % de las especies de aves observadas en la ciudad. La eliminación o intervención del arbolado podría afectar corredores ecológicos, zonas de descanso para aves migratorias y reservorios de polinizadores protegidos por la Ley General de Vida Silvestre.
Además, especialistas advierten que la pérdida de árboles puede incrementar los efectos de la contaminación atmosférica, al eliminar filtros naturales que contribuyen a prevenir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Más allá de su función ambiental, los parques señalados son espacios de recreación, convivencia y bienestar emocional para los habitantes de la ciudad, refieren los demandantes en un boletín de prensa.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Nodo de Derechos Humanos (NODHO), Terraformar Librespacio Cultural, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A. C. y el Seminario Permanente de Investigación, Entramados Comunitarios y Formas de lo Político (ICSyH-BUAP).
Los promoventes aseguran que su objetivo no es oponerse al desarrollo urbano, sino exigir que cualquier proyecto de infraestructura se realice con información pública, consulta ciudadana y respeto al medio ambiente.