El caso del Mercado Morelos no es aislado, ya que diversos centros de abasto del municipio de Puebla, como La Acocota, Unión, Hidalgo y Emiliano Zapata, han sido señalados por comerciantes como puntos donde grupos delictivos ejercen control parcial a través de extorsiones y cobro de piso.
En estos espacios, los locatarios reportan pagos periódicos para poder trabajar sin ser agredidos ni despojados de su mercancía. El patrón es recurrente: células delictivas con presencia constante en pasillos y accesos, que recurren a la violencia para mantener el control. En algunos casos, las extorsiones también alcanzan a proveedores y transportistas, lo que repercute directamente en el aumento de precios para el consumidor final.
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La presencia de La Familia Michoacana en estos esquemas no es casual. Este grupo criminal ha diversificado sus actividades, colocando la extorsión como una de sus principales fuentes de ingreso, además del narcotráfico y otros ilícitos. De acuerdo con fuentes de inteligencia policial, su modelo de operación se basa en el control de economías locales mediante amenazas, cobros obligatorios y vigilancia territorial.
En la capital poblana, la operación de estas células responde a una lógica similar: dominio de zonas específicas y aprovechamiento de espacios con alta actividad comercial. Los mercados, por su dinámica diaria, se convierten en puntos estratégicos para estas prácticas. Pese a operativos recientes y detenciones, comerciantes consultados aseguran que el problema persiste. Señalan que el miedo a represalias inhibe la presentación de denuncias formales, lo que dificulta la desarticulación total de estas redes delictivas.
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