Gerardo Gutiérrez
El trágico incendio en la Refinería Olmeca expone con crudeza la espiral de deterioro en que ha caído Petróleos Mexicanos. No se trata de un hecho aislado: evidencia las tensiones acumuladas y los costos de un modelo de empresa que hoy sólo es sostenible mediante transferencias crecientes del erario, sin traducirse en resultados significativos en los objetivos de autosuficiencia ni en el abaratamiento de los combustibles.
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A escasos ocho meses de que esa refinería comenzó su producción, Pemex explicó así el “incidente” que derivó en la muerte de cinco personas: “debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas […] hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido”.
Inevitablemente vino a la memoria que, desde la concepción del proyecto, en diciembre de 2018, expertos señalaron que la ubicación –en zona de manglares, lluvias copiosas e hidrología compleja– no era idónea precisamente por riesgos como el de inundaciones. Se ha visto confirmada su advertencia sobre los riesgos para la seguridad de las instalaciones y la población, así como posibles daños ecológicos graves y probablemente irreversibles.
De hecho, hace 18 años, una década antes de que iniciaran las obras, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) había publicado un informe con el análisis de siete sitios potenciales para una nueva infraestructura petroquímica, entre ellos el de Paraíso, Tabasco. Este fue el que presentó el mayor riesgo.
También cabe recordar que las agencias calificadoras de riesgo crediticio han castigado reiteradamente a Pemex por la propensión a accidentes y sus débiles indicadores en factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por las siglas en inglés). Hubo un punto crítico en 2023, cuando Fitch bajó el rating de la empresa de BB- a B+, en el grado especulativo, destacando entre las razones principales a la reducción de sus puntajes ESG.
Hoy, además de los varios accidentes en Dos Bocas, estamos ante un derrame de hidrocarburos cuyos efectos se han extendido a lo largo de más de 600 kilómetros de las costas del Golfo de México. Al respecto, Oceana, la influyente organización internacional dedicada a la protección de los océanos, señaló que implica, “además de una emergencia socioambiental, una crisis de transparencia y de rendición de cuentas”.
El señalamiento nos retrotrae a la enredada construcción de la Refinería Olmeca. La evaluación del IMP calculó un mínimo de un año de estudios técnicos y cuatro de construcción, a un costo de más de 14 mil 700 millones de dólares. La promesa presidencial era de 8 mil millones y tres años. Al final, la obra tardó cinco años y costó más de 16 mil 800 millones de dólares.
Con la elección de la ubicación discrecional, a pesar de la advertencia técnica, y las prisas, ¿puede sorprender el que ahora se presenten estos “incidentes”?
Tampoco puede extrañar el que no se vea un avance mínimamente relevante en el objetivo aducido para construir la refinería. A pesar del aumento reportado en la producción nacional de combustibles, las importaciones apenas han disminuido de forma marginal. México sigue dependiendo del exterior para más de la mitad del consumo interno.
El impacto tampoco se refleja en el bolsillo de los consumidores. Mientras en nuestro país el gobierno promete que el precio de la gasolina regular se mantendrá con un tope de 24 pesos por litro –equivalente a cerca de 91 pesos por galón–, en Estados Unidos, con un encarecimiento de alrededor de 30% desde el inicio de la guerra contra Irán, el promedio ronda los 3.9 dólares por galón, es decir, unos 70 pesos.
Desde el anuncio de la nueva refinería, los especialistas señalaron que la ubicación también era inadecuada por estar alejada de los mercados y sin acceso competitivo. Y sobre todo, insistieron en que era prácticamente imposible que Pemex produjera gasolinas a un costo inferior al de las importaciones, siendo la refinación el segmento que le genera más pérdidas.
Los mexicanos seguimos pagando mucho más por la gasolina que nuestros vecinos del norte, en buena medida, por la elevada carga fiscal. Pero eso es tan solo un componente de lo caro que le sale a México el modelo energético delineado en el sexenio pasado.
Como destaca el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2025, Pemex recibió por primera vez más recursos públicos de los que aportó al Estado: un saldo de 201.6 mil millones de pesos, y aun así la empresa cerró con pérdidas por 45.2 mil millones.
Más que avanzar hacia la autosuficiencia, el modelo está trasladando cada vez más costos por pérdidas a los contribuyentes y a los consumidores.
El fatal accidente en Dos Bocas, la ola de contaminación en el Golfo y el escenario de que la insolvencia de la empresa afecte en mayor medida el rating de la deuda soberana y las finanzas públicas deberían convencer de que urge corregir el rumbo.