En este sexenio se nota un cambio en la respuesta desde el Gobierno Federal a la fractura de la seguridad pública y la ola de delincuencia y violencia que ha inundado al país desde hace años. Al menos hay una postura de enfrentar el problema, en contraste con la administración pasada, proclive a evadirlo e incluso de antagonizar a las víctimas.
Sin embargo, el desafío sigue siendo cuesta arriba y el impacto humano es inmenso, como lo expone el informe sobre México que acaba de publicar el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
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No sólo habla de una crisis continua, sino también de “indicios fundados” de probables crímenes de lesa humanidad, en la forma de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
El Comité concluye que no hay muestras de una mejora en la situación, “las autoridades siguen desbordadas” y urgen reformas estructurales de prevención y rendición de cuentas.
Y con esa base solicita remitir el caso a la Asamblea General de la ONU a fin de que considere medidas de apoyo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
Nuestro Gobierno debería asumir una postura proactiva al respecto en vez de rechazar el informe, descalificar al Comité e indignarse como si la alerta fuese un golpe de índole política.
Se nos ofrece una vía para acceder a cooperación técnica, asistencia especializada y apoyo financiero, por ejemplo, para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de casos y posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Por lo pronto, el Gobierno Federal ha señalado que el informe es “tendencioso y falto de rigor jurídico”, y resulta aún más lamentable la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incongruente con su razón de ser, al repudiar las conclusiones y acusar de sesgo y falta de independencia al Comité de la ONU, a sus integrantes y, de paso, a ONGs.
La instancia de la ONU observa y hace señalamientos sobre un Estado nacional, al margen del partido en el poder. No se puede tapar el sol con un dedo, y además, negar o minimizar los problemas suele agrandarlos y complicarlos más. Así ha sido en México y en todo el mundo.
Más que poner en el banquillo de los acusados al Estado mexicano, se piden medidas tan sensatas como apremiantes: el caso de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como la asistencia y protección a familias, organizaciones, madres y parientes que buscan a los desaparecidos.
El problema es enorme. El informe cita el hallazgo de cuatro mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 72 mil restos humanos no identificados.
La cifra de personas desaparecidas supera las 130 mil, según organizaciones como Amnistía Internacional, que ha puesto de relieve el reto con este y otros datos apabullantes: una de cada mil personas en nuestro país está desaparecida; en cambio, hay apenas unas cuatro mil carpetas de investigación relacionadas. La carga de búsqueda ha recaído en las familias, especialmente mujeres que enfrentan amenazas e incluso han sido asesinadas o desaparecidas.
El respetado activista de derechos humanos Michael Chamberlin ha señalado que México enfrenta una crisis estructural, con un promedio de 40 desaparecidos por día.
No hubo un parteaguas hacia la mejora desde 2018, como afirma el Gobierno. Según el propio informe de la ONU, hay casi 29 mil personas desaparecidas reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025.
El Comité no afirma que exista una política deliberada de desapariciones como en una “guerra sucia”, pero sí signos de patrones sistemáticos, como el reclutamiento forzado de jóvenes por el crimen organizado. En el combate a ello hay que ocupar más energías, no en pelearse con quienes desde fuera ven con preocupación la situación y quieren ayudar.
En efecto, cada vez que el Estado mexicano rechaza la asistencia internacional ante una situación así, debilita su credibilidad ante un reto que realmente debe tocar el corazón de todos.
Un estudio de México Evalúa expone las dimensiones de una de las causas-raíz fundamentales de la crisis: el 93% de los delitos no se denuncia y aunque casi 94% de las denuncias deriva en una carpeta de investigación, menos del 7% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal.
La impunidad es como un cáncer en México, carcomiendo el tejido social. Al propiciar la reproducción de un drama como el de las desapariciones, destruye decenas de miles de familias. ¿Hasta cuándo?