Ante la creciente crisis de agua en Puebla, el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, anunció una estrategia emergente para garantizar el acceso al vital líquido a miles de familias afectadas por el deficiente servicio de la concesionaria Agua de Puebla.
El mandatario estatal fue contundente: el acceso al agua potable es un derecho humano que debe cumplirse sin excusas. En este contexto, confirmó que su administración iniciará mesas de trabajo con la empresa responsable del suministro, luego de detectar incumplimientos en el servicio, fallas en inversión y diversas irregularidades administrativas.
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Como medida inmediata, el gobierno adquirió 100 pipas de agua, con el objetivo de abastecer a colonias que enfrentan desabasto o reciben el servicio de manera irregular. Esta acción busca mitigar el impacto mientras se revisan las condiciones del contrato vigente, cuya rescisión implicaría un proceso legal complejo y prolongado.
El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, reveló que las anomalías detectadas representan un monto considerable, lo que refuerza la urgencia de corregir el modelo de operación actual sin afectar aún más a la ciudadanía.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que se construye un padrón de beneficiarios, enfocado en dos sectores: quienes carecen totalmente de suministro y quienes lo reciben de forma intermitente.
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