La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el congelamiento preventivo de cuentas relacionadas con 10 funcionarios de Sinaloa requeridos por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La decisión ocurre después de la entrega voluntaria ante la justicia estadounidense de los exsecretarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, situación que elevó la presión política y financiera entre ambos países.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que la medida no deriva de una investigación directa de la UIF, sino de protocolos automáticos activados por el sistema bancario debido a órdenes de captura emitidas en territorio estadounidense.
Entre los nombres mencionados en reportes periodísticos aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de familiares cercanos y figuras políticas como el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
“Sheinbaum explicó que los bancos mexicanos reaccionan automáticamente por su conexión con instituciones financieras estadounidenses, con el fin de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
La presidenta también respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en la existencia de narcogobiernos en México. La titular del Ejecutivo rechazó dichas acusaciones y sostuvo que Estados Unidos debe enfocarse primero en el consumo de drogas, el tráfico de armas y las operaciones criminales dentro de su propio territorio.
El caso vuelve a colocar a Sinaloa, la relación bilateral México-EU y el combate al narcotráfico en el centro de la agenda política nacional, en medio de crecientes tensiones diplomáticas y financieras.