GERARDO GUTIÉRREZ
El cambio de perspectiva de estable a negativa en la calificación de S&P de la deuda soberana de México no significa más que una probabilidad de rebaja en los próximos 24 meses, pero no degradación inminente. Sin embargo, con su argumentación, la calificadora pone de relieve la profundidad de la descomposición que dejó el anterior Gobierno federal en las finanzas públicas y la economía nacional.
De última hora antes de entregar este comentario, con un razonamiento similar al de S&P, Moody’s bajó su calificación a México al nivel más bajo dentro del grado de inversión.
Sobre todo, muestran que, para desprendernos con la velocidad necesaria de esa carga de déficit y deuda, que el estancamiento económico hace mucho más pesada, debemos liberarnos de otra cosa: en un contexto adverso signado por la incertidumbre, para sortear los riesgos de tal desequilibrio fiscal, habría que dar vuelta a la página del “modelo” económico del sexenio pasado.
Ese modelo –más gasto sin crecimiento– es insostenible. No basta con hacerle remiendos para que el país recupere una senda de confianza, crecimiento y estabilidad fiscal.
El cambio de perspectiva de S&P no implica degradación, sino una alerta preventiva, motivada fundamentalmente por tres factores.
1) Bajo crecimiento económico: afecta negativamente los ingresos tributarios y la proporción de la deuda respecto al PIB.
2) Presión fiscal por restricciones presupuestarias y pasivos contingentes: perfilan una más lenta consolidación fiscal (el esfuerzo para reducir el déficit y así contener el aumento de la deuda, el costo de los intereses y los pasivos).
3) Incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos: debilita la confianza de los inversores, en especial por la renegociación del TMEC.
Se mantiene en BBB, donde está desde 2020, todavía con un escalón de grado de inversión (el BBB-). Pero la calificadora señala que podría rebajar si empeoran esas variables, además del foco preventivo del “apoyo fiscal continuo y sustancial” a CFE y más aún a Pemex.
Por ahora, los ratings de las otras dos grandes calificadoras están también en grado de inversión, pero ya a un peldaño del territorio especulativo. El de Fitch, en BBB- desde 2020; el de Moody's, ahora en Baa3.
Tras las crisis y dolorosos ajustes que marcaron la economía mexicana de los años 70 hasta 1994, la estabilidad fiscal, con el grado de inversión consolidado, se había convertido en un puntal reconocido por los mexicanos y en el exterior. Ya no es el caso.
Para poner en perspectiva la irresponsabilidad fiscal con que cerró la pasada administración, la oposición ha hecho una cuenta contundente: la deuda se incrementó un 80% respecto a la acumulada en todo un siglo. La recibió en 10.5 billones de pesos al final de 2018 y llegó a 17.4 billones en 2025. La Secretaría de Hacienda, con razón, señala que la evaluación correcta es el porcentaje del PIB, que pasó del 45% en 2018 a más de 50 por ciento. Ambos comparativos son ilustrativos de la magnitud del desajuste de las finanzas públicas en tan corto tiempo.
En 2024, el déficit como proporción del PIB, considerando los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia, cerró en 5.8% respecto al PIB, el mayor en dos décadas. En diciembre de 2018 se había recibido en 2.3%, con la deuda en 44.8% en relación al PIB; en 2024 acabó en 51.3% y llegó a 52.6% al final de 2025.
Al cierre de 2025, Hacienda logró bajar el déficit a 4.3% respecto al PIB. Ahora busca llevarlo a 4.1% este año y a 3.5% en 2027, pero sigue siendo alto y el reto es cuesta arriba con la economía creciendo tan poco.
¿Podría recuperar México la perspectiva estable? Sí, dice S&P, en función de una consolidación fiscal más significativa y/o con un repunte en los niveles de inversión del sector privado que impulse el crecimiento. Lo primero es posible, aunque nada fácil con el gasto inamovible, como el de intereses y los compromisos sociales. Lo segundo es improbable tomando en cuenta que la inversión fija bruta acumula 18 meses consecutivos de contracción anual.
Al efecto paralizante de la revisión del TMEC y los aranceles en varios sectores se suma el círculo vicioso de estancamiento económico y de la inversión: el año pasado crecimos 0.8% y 1% es lo que espera S&P para este.
No sólo es la incertidumbre foránea: también gravita un clima de negocios de desconfianza por la degradación de la certeza jurídica en México. Por cierto, quedamos como el segundo país más complejo para hacer negocios del mundo en el Índice Global de Complejidad Empresarial 2026, que destaca constantes cambios regulatorios y crecientes cargas administrativas. Por si fuera poco, nos situamos en el primer lugar en el Global Organized Crime Index 2025.
La nota de S&P es clara sobre el desafío del estancamiento: “El crecimiento económico per cápita relativamente bajo de México es un factor clave que limita su calificación crediticia”. Al cierre de 2025, el PIB per cápita era el mismo que en 2017.
Hacienda espera que crezcamos 2.3% este año, pero los promedios de los pronósticos apenas rondan el 1 por ciento. El sexenio pasado, el promedio anual no llegó ni a eso, cuando se había prometido un 4% que dejaría atrás el 2.5% de “la larga noche neoliberal”.
El analista Macario Schettino lo ilustra con sencillez: en los últimos 27 meses, los requerimientos financieros crecieron 12% anual, mientras la economía crecía al 1 por ciento; en los últimos 12, las necesidades financieras crecieron 8% y la economía menos de 1 por ciento. A ese ritmo, la barrera del 60% se cruzaría el próximo año.
Ese es el problema de fondo: el modelo del sexenio pasado ya no da para más.