La justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” ocurrido en 1996, un episodio que dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses. La imputación reabre una herida histórica en la relación bilateral y se produce en un contexto de creciente tensión política, crisis interna en Cuba y presión diplomática desde Washington.
Un caso que revive tres décadas después
Las autoridades estadounidenses sostienen que Castro, entonces ministro de Defensa, formó parte de la cadena de mando que autorizó la operación militar contra las aeronaves civiles. El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996 sobre el estrecho de Florida, cuando aviones cubanos interceptaron y derribaron las naves de la organización de exiliados cubanos. La acusación incluye delitos de asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves, según documentos judiciales.
Desde Miami, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la acción legal y calificó al sistema político cubano como un “Estado fallido” incapaz de sostener su estructura actual. Además, vinculó el caso con una estrategia más amplia de presión contra el gobierno de La Habana.
Crisis interna en Cuba profundiza el escenario
Mientras la noticia se expandía internacionalmente, la isla enfrentaba una de sus peores crisis energéticas recientes. Los apagones de hasta 20 horas diarias afectan a gran parte del territorio, con especial intensidad en provincias orientales como Holguín, Granma y Santiago de Cuba, donde incluso se detienen servicios básicos como el abastecimiento de agua y la refrigeración de alimentos.
El racionamiento de combustible y la inflación han agravado el desabasto, mientras la población enfrenta interrupciones constantes en las comunicaciones. En ese contexto, algunos ciudadanos expresaron resignación y cansancio. “Esto tiene que cambiar”, declaró un joven obrero tabacalero a medios internacionales.
Respuesta oficial y tensión regional
El gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como una “acción política sin base legal” y convocó a movilizaciones frente a la embajada estadounidense. La tensión aumentó tras el despliegue del portaviones USS Nimitz en el Caribe, lo que elevó las especulaciones sobre una posible escalada militar en la región.
En paralelo, Washington anunció un posible paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares, condicionado a la exclusión de empresas vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA, lo que complica la negociación bilateral.
La Iglesia católica, a través de Cáritas Cuba, continúa como mediadora humanitaria en la distribución de ayuda, mientras intenta ampliar programas de asistencia en medio de la emergencia social.