La presencia de 237 mil mujeres menores de edad que viven en algún tipo de unión extramarital en Puebla encendió nuevamente las alertas sobre la dimensión de la cohabitación forzada y el llamado matrimonio infantil en la entidad. La diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Norma Estela Pimentel Méndez, advirtió que la capital poblana figura entre los municipios con más casos reportados, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante una conferencia de medios, la legisladora sostuvo que las cifras reflejan una problemática que afecta directamente el desarrollo de niñas y adolescentes. Además, defendió la reciente reforma al Código Penal, la cual contempla sanciones de hasta 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de edad a vivir en unión con otra persona.
Capital poblana concentra casos
Pimentel Méndez señaló que la incidencia rompe con la percepción de que estas prácticas predominan únicamente en comunidades alejadas o rurales. De acuerdo con la diputada, el municipio de Puebla destacó entre los 10 con mayor número de menores que reconocieron vivir en una relación de unión libre.
“Se pensaría que los casos se encuentran en las zonas más alejadas del estado y resulta que es en la capital donde sucede más”, expresó al presentar la iniciativa que busca endurecer las sanciones contra este delito.
La representante del PVEM afirmó que la reforma busca enviar un mensaje contundente para evitar que estas prácticas continúen normalizándose bajo argumentos culturales o familiares. También remarcó que niñas y adolescentes deben permanecer en las aulas y construir un proyecto de vida libre de violencia.
Buscan investigar otros delitos relacionados
La legisladora propuso que las autoridades ministeriales amplíen las investigaciones cuando reciban denuncias por cohabitación forzada de menores. Según explicó, muchos casos podrían relacionarse con delitos graves como trata de personas, abuso o explotación.
A su consideración, una revisión integral permitiría detectar patrones de violencia que frecuentemente permanecen ocultos detrás de acuerdos familiares o relaciones aparentemente consentidas.
Pimentel Méndez insistió en que la aplicación de la reforma penal necesita acompañamiento institucional y campañas de información dirigidas a familias, comunidades y autoridades municipales. El objetivo, dijo, consiste en reconocer la cohabitación forzada como un delito que vulnera derechos fundamentales de la infancia.
Finalmente, reiteró que Puebla enfrenta un reto social que exige acciones coordinadas para garantizar que niñas y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a la educación, la seguridad y una vida libre de violencia.
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