La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció una presunta persecución política tras recibir un citatorio judicial en la Ciudad de México.
La mandataria panista aseguró que enfrenta distintas acciones legales y políticas impulsadas de manera simultánea en su contra por parte de autoridades vinculadas a la 4T.
En un mensaje videograbado, Maru Campos afirmó que existe una intención coordinada para presionarla políticamente mediante instituciones judiciales y legislativas.
Entre los procesos mencionó un citatorio emitido por la Fiscalía General de la República para declarar como testigo este miércoles.
También señaló una solicitud de juicio político promovida en la Cámara de Diputados por legisladores de Morena en Chihuahua.
La gobernadora relacionó además el nuevo citatorio con una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral Jurado por presunto secuestro.
Según explicó, la acusación deriva de un intento de ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por peculado y desvío de recursos públicos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citó a Campos Galván dentro de una carpeta por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
Sin embargo, la gobernadora sostuvo que el expediente ya cuenta con una resolución de no ejercicio de la acción penal desde febrero pasado.
“Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados”, declaró la mandataria estatal.
Campos Galván acusó un “doble rasero” de Morena al señalar que los opositores enfrentan persecución mientras aliados políticos reciben protección institucional.
La panista hizo referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez.
Ambos fueron mencionados por la gobernadora en relación con acusaciones de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Además, Campos Galván aseguró que enfrentará todos los procesos legales correspondientes, aunque insistió en que existe un uso faccioso de las instituciones públicas.
La solicitud de juicio político contra la mandataria también está relacionada con presunta participación de agentes de la CIA en Chihuahua.
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