GERARDO GUTIÉRREZ
El Gobierno Federal presentó una iniciativa para reformar la reforma judicial que hace muy poco defendió como Gobierno electo, aprobada en septiembre de 2024 por la misma Legislatura que se alista para hacer los ajustes. Suena enredoso, porque la contrarreforma constitucional original lo es, tanto en sí misma como en la forma en que fue llevada a cabo. Adolece de una contrahechura de raíz que no puede ser corregida en las ramas.
En un sistema judicial confiable, las decisiones se toman según lo que dice la ley y su correcta aplicación, buscando la verdad. No por la popularidad del fallo o de los jueces para acceder a y conservar sus cargos. Por eso ningún otro país tiene un modelo donde todos los cargos jurisdiccionales son elegidos por voto popular, de jueces de paz a la Suprema Corte (esto último, sólo Bolivia).
No por nada en su momento proliferaron las alertas, en México y en el exterior, lo mismo de jurisconsultos y estudiosos de la democracia que de asociaciones empresariales y barras de abogados: los riesgos de politizar la impartición de justicia, comprometiendo su imparcialidad e independencia; de conflictos de interés y presiones de grupos de poder; de jueces producto de propaganda y lealtades políticas.
Las enmiendas pueden ayudar a que las próximas elecciones judiciales sean menos caóticas que las que vimos en junio del año pasado, pero difícilmente atenuarán las consecuencias más graves de la contrarreforma, incluido el efecto disuasorio de la inversión. La falla es estructural.
Estamos hablando de una reforma impulsada supuestamente para fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, entre sus incongruencias más evidentes, fue concretada bajo sospechas de coacción a senadores de oposición para conseguir la mayoría calificada necesaria. Además, una alteración altamente disruptiva del orden constitucional fue avalada en cuatro días por 17 congresos estatales para entrar en vigor el Día de la Independencia, a 14 días de la sucesión presidencial.
El Gobierno electo la asumió como propia, contra los llamados para dar tiempo a la reconsideración de una herencia que marcaría negativamente al nuevo sexenio desde el inicio. Tal como ha ocurrido.
No debería sorprender que se presentara la nueva iniciativa, a un año del caos de una elección manchada por improvisaciones de última hora, como tómbolas para las candidaturas. Después vinieron los “acordeones” para votar por candidatos palomeados por el oficialismo y una abstención cercana al 87% del padrón electoral.
Se intenta evitar esa debacle en la segunda elección, programada para el 6 de junio de 2027, por 800 cargos jurisdiccionales. De hecho, uno de los cambios fundamentales es aplazarla para el 2028, a fin de evitar la concurrencia con las intermedias federales, aunque, para expertos, “sólo se patea el bote” de la problemática por un año.
Además del aplazamiento, se plantea que la elección de 2025 evidenció "áreas de oportunidad" para simplificar el voto y las boletas, disminuir el número de candidaturas y homologar criterios de selección y calendarios en todo el país.
Se afirma que se endurece la “disciplina judicial”, y que el tribunal que se creó para ello dictará programas obligatorios de capacitación, actualización y evaluación permanentes. Pero la pregunta salta: ¿no se contradice ese nuevo interés en las competencias y la certificación con el principio de elección popular?
Esas son las claves de un Sistema Profesional de Carrera, en el extremo opuesto a la primacía de la popularidad: continuidad y ascenso determinadas por mérito y concursos públicos de oposición; profesionalización y actualización continuas; comprobación de capacidades, conocimientos y desempeño; énfasis en la estabilidad laboral, valorada como refuerzo a la neutralidad política.
¿Qué pasa si alguien tiene menos mérito, pero es más popular y/o más aceptable para partidos o poderes fácticos? Es como una resolución judicial basada en corresponder a estos últimos o agradar a la mayoría. Esa es la contrahechura de origen de la que hablamos.
No es casual que, como ha puesto de relieve Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la reforma judicial del 2024 logró lo que parecía imposible: poner en sintonía a buena parte de los teóricos del derecho más reconocidos, en México y el mundo, con críticas lapidarias.
Como dice el refrán, “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”.