El Mundial 2026 no solo se juega en las canchas. También impulsa una histórica ola de apuestas deportivas en México, donde millones de aficionados participan desde plataformas digitales.
Con 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá, el torneo representa una oportunidad sin precedentes para la industria de las apuestas en línea.
México alberga 13 encuentros mundialistas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que incrementa el interés de los aficionados por apostar.
Sin embargo, mientras el negocio crece a gran velocidad, la legislación que regula las apuestas mantiene una estructura diseñada hace casi ocho décadas.
La actividad se rige principalmente por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, una norma creada mucho antes del surgimiento de internet.
Las operaciones digitales funcionan mediante disposiciones incluidas en un reglamento emitido en 2004, que permitió captar apuestas por medios electrónicos.
Los permisos son otorgados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, encargada de supervisar a los operadores autorizados.
En 2023, un decreto presidencial limitó la emisión de nuevos permisos para casinos y máquinas tragamonedas, modificando parte del panorama regulatorio.
Actualmente existe una diferencia entre plataformas que operan con autorización federal y sitios internacionales que aceptan usuarios mexicanos sin permisos nacionales.
Para muchos consumidores resulta complicado distinguir entre operadores legales y plataformas extranjeras, ya que ambas ofrecen servicios similares en internet.
El crecimiento del sector también se refleja en la recaudación fiscal. Desde enero de 2026, el IEPS a las apuestas aumentó del 30 al 50 por ciento.
La medida reconoce el peso económico que ha adquirido la industria, especialmente durante eventos masivos como la Copa del Mundo 2026.
Expertos consideran que la regulación avanza con mayor lentitud que el mercado, mientras las propuestas para modernizar la legislación permanecen pendientes en el Congreso.
Otro desafío es la transparencia. La normativa no obliga a publicar datos como tiempos de retiro o porcentajes de retorno al jugador.
Ante el incremento de usuarios durante el torneo, especialistas recomiendan verificar permisos oficiales, establecer límites de gasto y considerar las apuestas únicamente como una forma de entretenimiento.
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