¿Y la patria potestad?
Antes de la propuesta de reforma para reconocer la identidad de género autopercibida en niñas, niños y adolescentes, el Congreso de Puebla ya había demostrado que los temas relacionados con derechos vinculados a la diversidad sexual suelen convertirse en debates prolongados y polarizantes. Así ocurrió con el matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional excluir esa figura de los códigos civiles estatales, el Poder Legislativo poblano tardó varios años en armonizar su normativa. Hoy el escenario vuelve a repetirse, aunque con matices que elevan aún más la tensión. La reforma al artículo 875 Ter del Código Civil del Estado, que busca establecer un procedimiento para expedir una nueva acta de nacimiento para las y los menores que se identifican como trans, ha desatado un intenso debate. Buena parte de la controversia gira en el papel que desempeñan los padres o tutores en una decisión de esta naturaleza. Diversos colectivos consideran que la iniciativa reduce su participación en un asunto que, desde su perspectiva, corresponde al ámbito de la responsabilidad familiar. La diferencia con el debate sobre el matrimonio igualitario es evidente. En aquel caso se discutía el derecho de personas adultas para decidir libremente sobre su proyecto de vida. Ahora, la iniciativa incorpora un elemento adicional: cómo conciliar el interés superior de la niñez, el derecho a la identidad y la participación de quienes ejercen la patria potestad. Es precisamente ese punto donde se concentra la mayor resistencia y donde el Congreso enfrenta su desafío más complejo. Al final, los diputados no sólo votarán una reforma, también definirán hasta dónde puede llegar el Estado en decisiones que involucran a los menores de edad y cuál será el equilibrio entre el reconocimiento de nuevos derechos y la autonomía de las familias. El resultado marcará un precedente que difícilmente quedará limitado al ámbito jurídico. ¿Será?
Votación que divide
Y es que, en espera del dictamen aprobado por las comisiones, varios legisladores ya adelantaron el sentido de su decisión. Uno de ellos es Jaime Natale Uranga, coordinador de la bancada del Partido Verde, quien anunció que votará en contra de la reforma, al considerar que los menores de edad no cuentan con la madurez clínica ni psicológica suficiente para tomar una decisión sobre un cambio de identidad a tan temprana edad. Sostuvo que el Congreso debe desahogar su propio proceso, llevar el dictamen al pleno y permitir que cada representante popular emita su voto con plena libertad. En el mismo sentido se ha pronunciado Acción Nacional. Su coordinador, Marcos Castro, sostuvo que la Corte invade la autonomía del Poder Legislativo local al imponer una jurisprudencia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el Congreso de Puebla y sus diputados enfrenten sanciones económicas si continúan aplazando la discusión del tema. Ese escenario ha sido interpretado por diversos sectores, incluidos padres de familia, como una presión creciente para que el Legislativo poblano resuelva cuanto antes esta reforma. A ello se suman diputados del Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Fuerza por México y el Revolucionario Institucional que también perfilan un sufragio negativo. Todo apunta a que el debate pondrá a prueba la capacidad de consenso de la actual Legislatura, así como su disposición para equilibrar las obligaciones derivadas de los criterios judiciales con la autonomía y el costo político de la decisión. ¿Será?