Un mal cálculo de la cúpula gubernamental y partidista del régimen de la 4T es dar por asentado que el “pueblo bueno” será siempre incondicional a los dictados unilaterales.
El caso más evidente se manifiesta en el municipio mixteco de Acatlán de Osorio, donde les falta sensibilidad y tacto político para atender una crisis política de gobernabilidad.
Los habitantes del municipio -con una riqueza cultural y artesanal- agobiados por la corrupción, el rezago social por la pobreza, y acosados por la delincuencia, no son escuchados.
En el centro de la crisis está la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, acusada de prácticas de nepotismo en el Ayuntamiento, corrupción por el desvío de dinero y recursos materiales con fines personales, incluidos un viaje de placer a París y una cirugía estética.
La acusan de utilizar el dinero del presupuesto municipal para cambiar su estilo de vida en su vestimenta de ropa de marca costosa, otorgarse mayores salarios y usar la caja chica a discreción para darse un tren de vida que contrasta con las carencias en la cabecera municipal y las juntas auxiliares.
Todas estas anomalías de la alcaldesa de extracción morenista motivó que sus propios integrantes del Cabildo, que formaron parte de la planilla de Morena en las elecciones municipales de junio de 2024, decidieran destituirla del cargo por estas faltas graves, al tiempo de solicitar al Congreso local -dominado por Morena- le revocara el mandato.
Junto con la alcaldesa fueron destituidos el secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López.
En medio de esta crisis de gobernabilidad por prácticas de corrupción -por si no fuera suficiente- se confirmó el vínculo sentimental de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, con el teniente de la Marina, Juan Alberto Domínguez, secretario de Seguridad municipal, al contraer matrimonio en el municipio de Atlixco, lo que agravó la crisis.
Se agudizó la crisis política y de gobernabilidad debido a la insensibilidad y la falta de oficio político del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien optó por “reconciliar” a las partes, ocultando la corrupción debajo de la alfombra del despacho de la alcaldesa.
No robar, no mentir y no traicionar al pueblo (bueno), terminaron en frases propagandistas de su creador y “Dios” de las morenitas, Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco predicó con el ejemplo.
Si la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Lucero Bárcenas, su homóloga y correligionaria Nancy Nápoles, de Tenancingo, en el Estado de México, observan los robos en Segalmex, y el tren de vida de los hijos de AMLO y demás figuras de la 4T, ellas, ¿por qué no actuarían igual?
Como este par de alcaldesas, los hay secretarios del gabinete federal, de gobernadores y legisladores cometiendo los mismos excesos ante el monumental atraco del huachicol fiscal, las obras chafas con sobreprecios para beneficiar a los empresarios amigos de la familia López Obrador ¿por qué no lo harían Rocío Nahle, en Veracruz o Rocha Moya, en Sinaloa? Y un largo etcétera.
Aguilar Pala, el secretario de Gobernación estatal, intervino en el caso Acatlán favoreciendo su relación personal y partidista con Guadalupe Lucero Bárcenas, ésta última quien trabó una fuerte “amistad” con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González.
Aguilar Pala sirvió sólo de tapadera a la alcaldesa e intentó involucrar al resto del Cabildo en un acuerdo para enlodar a todos en las prácticas de corrupción, para que, todos enlodados, retornara la “gobernabilidad” de la corrupción y la deshonestidad en Acatlán de Osorio, pero la población salió a calle a decir ¡no!, que se vaya,
“¡Qué cochinero es éste!”, diría el clásico Kamel Nacif, con el escándalo de impunidad, corrupción y redes de pederastia destapado por la periodista Lydia Cacho.
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