El exsecretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen (Sitiavw), José Juan Hernández, quedó detenido en Puebla ante una investigación por un presunto fraude que supera los 129 millones de pesos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la autoridad realizó la captura el miércoles en la colonia Loma Bella, en la capital poblana. Ese mismo día también aprehendieron a Marcos López, quien ocupó la tesorería del sindicato durante el periodo 2020-2024, en la colonia Francisco I. Madero.
Las autoridades relacionan a ambos exintegrantes de la dirigencia con un posible abuso de confianza y un daño millonario a las finanzas de la organización sindical.
Investigación detectó irregularidades
La actual dirigencia, encabezada por Hugo Tlalpan, comenzó una revisión de las cuentas y documentación del sindicato después del cambio de representación ocurrido a finales de 2024.
En diciembre de ese año, el nuevo secretario general ordenó una investigación interna para revisar las condiciones financieras encontradas durante el proceso de entrega-recepción.
La revisión identificó anomalías administrativas y financieras, entre ellas la ausencia de documentos relacionados con los recursos sindicales. También detectaron afectaciones por aproximadamente 22 millones de pesos derivadas de embargos de propiedades.
A estas irregularidades se sumó el congelamiento de cuentas bancarias por adeudos y la falta de algunas declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con el avance de las indagatorias, el sindicato estimó que el daño patrimonial podría alcanzar los 129 millones de pesos, por lo que presentó una denuncia ante las autoridades.
Buscan a más involucrados
La dirigencia actual señaló que el caso podría involucrar a 12 personas. Las autoridades ya buscan a los demás señalados mediante las órdenes de aprehensión correspondientes.
Hasta ahora, el sindicato mantiene bajo reserva los nombres y detalles de los demás presuntos implicados mientras avanza el proceso legal.
Las acusaciones corresponden a una investigación en curso, por lo que será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades que correspondan.
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