Regidores del municipio de Acatlán rechazaron tener vínculos con el crimen organizado y aseguraron que las acusaciones buscan desacreditar el proceso de revocación de mandato promovido contra la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.
En conferencia de prensa, la regidora de Industria, Comercio y Agricultura, Maricruz Bello Nacer, afirmó que los señalamientos intentan desviar la atención de las presuntas irregularidades denunciadas durante la actual administración.
La funcionaria sostuvo que, de estar relacionados con actividades ilícitas, no habrían presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ni serían víctimas de amenazas de muerte.
Bello Nacer calificó como grave que se les relacione con grupos delictivos, al considerar que ello pone en riesgo su integridad y la de sus familias.
Durante la rueda de prensa realizada en el Zócalo de la ciudad, también participaron el regidor Luis Escamilla González y el síndico David Chico, quienes expresaron preocupación por su seguridad.
La regidora cuestionó el respaldo otorgado por el Gobierno estatal a la alcaldesa tras denunciar amenazas, mientras que, aseguró, sus propias denuncias no recibieron la misma atención.
Por su parte, Luis Escamilla González afirmó que la solicitud de revocación de mandato no busca obtener beneficios políticos y señaló que respaldarán un eventual Concejo Municipal si esa es la solución para el municipio.
Los integrantes del Cabildo señalaron que pertenecen a Morena, así como a las bancadas del PT y Partido Verde Ecologista, y aclararon que sus diferencias son con la conducción de la administración municipal, no con sus partidos.
Asimismo, negaron estar detrás de las movilizaciones sociales y del plantón instalado en el Zócalo municipal por ciudadanos inconformes.
Los regidores también denunciaron que no han sido informados sobre los avances de los procesos relacionados con la revocación de mandato ni de la auditoría municipal.
Desde junio, integrantes del Cabildo impulsan la destitución de la alcaldesa, situación que derivó en el reforzamiento de la seguridad en la región y en el inicio de una investigación sobre el presunto manejo irregular de recursos públicos.
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