La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, provocó una ola de cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estadounidenses y reavivó el debate en torno a los procedimientos migratorios.
El hombre, de 52 años y originario de Tlatlaya, Estado de México, falleció la mañana del operativo luego de que un agente le disparara cuando se encontraba dentro de su camioneta. De acuerdo con la versión oficial, Salgado utilizó el vehículo para intentar embestir a un elemento federal, quien respondió con su arma de fuego al considerar que su vida corría peligro.
Sin embargo, la familia rechazó esa explicación. Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, afirmó que su padre aceleró porque creyó que enfrentaba un intento de robo, ya que los agentes viajaban en vehículos sin distintivos oficiales. Además, recordó que su padre realizaba trámites para obtener un permiso de trabajo y aseguró que habría obedecido cualquier indicación si hubiera identificado a las autoridades.
La familia conoció lo sucedido mediante un video difundido en redes sociales, donde reconocieron la voz de Lorenzo mientras pedía ayuda. Horas después confirmaron su fallecimiento. Según la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el hombre ingresó al hospital Ben Taub como John Doe, debido a que presuntamente los agentes retiraron sus documentos y teléfono celular antes del traslado, lo que retrasó su identificación por más de un día.
Mientras tanto, el cuerpo continúa sin ser entregado a sus familiares. La esposa de Lorenzo, quien permanece en condición migratoria irregular, enfrenta dificultades legales para reclamar los restos, por lo que abogados buscan que uno de sus hijos, ciudadano estadounidense, realice el procedimiento.
El caso generó una fuerte respuesta social. Cerca de 2 mil personas marcharon en Magnolia Park, Houston, para exigir una investigación independiente, mientras una petición ciudadana superó las 140 mil firmas.
Las autoridades iniciaron una investigación interna sobre el operativo. Paralelamente, el Gobierno de México anunció que dará seguimiento al caso y analizará posibles acciones jurídicas ante la muerte del connacional. Familiares y organizaciones civiles mantienen la exigencia de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.