GERARDO GUTIÉRREZ
La revista Nexos acaba de publicar un “retrato sintético” del “presente real y el futuro de la economía mexicana” que Pedro Aspe Armella, el exsecretario de Hacienda, presentó en un foro en el MIT. No podía haber escogido un título más atinado para lo que ahí se demuestra con concisión: “México rumbo al estancamiento”. Agregaría un subtítulo: Urge reconocerlo para corregir la ruta.
Recupero y desgloso ese retrato por su oportuna selección de indicadores que da en el blanco sobre lo que enfrentamos.
El diagnóstico macroeconómico destaca un déficit presupuestal estructuralmente alto por un aumento desmedido del gasto corriente, incluyendo lo que llama una “segunda nómina”: 29.4 millones de beneficiarios de transferencias en efectivo sin base de sustentabilidad financiera.
La economía apenas crece y no hay visos de una reforma hacendaria, pero el importe de los programas sociales se elevó de 0.5 a 3 por ciento del PIB desde 2018. Añadamos al “agujero negro de Pemex”: 400 mil millones de pesos anuales –1% del PIB– en subsidios y apoyos, sin revertir su quiebra técnica y caída de la producción. Como agravante, el disparo del gasto se ha hecho, además del endeudamiento, a costa de la inversión pública productiva. Descuidando los músculos.
La exposición del “aumento improductivo del gasto corriente” no quiere decir que se esté en contra de apoyar a la gente. Significa más gasto sin retorno financiero ni en capacidad de producir valor económico. En contraste, en los últimos dos años la inversión física federal quedó 28% debajo del 2023 –la mayor caída anual en tres décadas–, mientras que el gasto en salud, educación y seguridad es plano desde hace 20 años.
Todo esto compromete la sostenibilidad y la efectividad de los apoyos sociales. Tal como le ocurre a una familia con más gastos y deudas, pero sin más ingresos para pagar.
Desde 2018 se han agregado cuatro puntos del PIB al gasto tan sólo por los apoyos a Pemex y a la población, pero los ingresos tributarios apenas crecieron 2.1. Además, estos hoy apenas pasan de 18% del PIB, frente a un promedio de 34% de la OCDE y 22% de Latinoamérica.
Así, el déficit llegó a 5.7% del PIB al corte de 2024, el mayor en 36 años. Con el liderazgo del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, bajó a 4.3% en 2025 y se busca cerrar 2026 en 4.1%, pero la herencia del sexenio pasado es una losa. Analistas y organismos internacionales son escépticos y no descartan un repunte a 5 por ciento.
Estamos ante una clara espiral descendente. Una economía estancada y con alta informalidad impide aumentar los ingresos tributarios para sostener el gasto. Al mismo tiempo, el desplome de la inversión pública refuerza el retroceso en la privada –86% del total–, recrudeciendo el estancamiento y el déficit. A ello se suman las “megaobras” con rendimiento negativo, como el Tren Maya y la Refinería Olmeca.
La deuda no puede sino elevarse: de 47% del PIB al inicio del sexenio pasado a acercarnos peligrosamente al umbral de 60%, lo que no ocurría desde hacía 50 años.
El umbral no es ocurrencia: como detalla la síntesis, las calificadoras de crédito han retirado el grado soberano a las economías emergentes que lo cruzan.
El efecto sería un punto de quiebre: mayores tasas de interés, más gasto financiero y desaceleración económica. No es un escenario remoto: Moody’s y Fitch nos tienen en el último escalón; S&P dos arriba. Las tres ven al bajo crecimiento como clave del deterioro y riesgo fiscal.
La economía creció a un promedio anual inferior a 1% en siete años de la “4T”, desde 2.6% de “la era neoliberal”. Pero como destaca Aspe, si el PIB apenas avanza, el per cápita tiene saldo negativo, perfilando una “década perdida”. Eso indica el empobrecimiento de un país y se vuelve estructural si el motor de la inversión queda sin potencia.
Desafortunadamente, como refiere la síntesis, puede decirse que la inversión privada, impactada por la incertidumbre institucional y baja productividad, está en tendencia negativa desde 2019, quitando el rebote tras la pandemia.
No es sólo la incertidumbre por el TMEC que está deteniendo a la IED: varios factores internos afectan tanto a esta como a la inversión nacional (90% del total). Coincido con Aspe sobre la reforma judicial y agrego la reversa en materia energética y de órganos reguladores. Asimismo, el incremento de costos gravitando contra la productividad de las empresas, como los aumentos extraordinarios al salario mínimo y nuevas reformas laborales que han complicado aún más la formalización a las Mipymes y la generación de empleo formal.
La formalidad tiene una relación directa con la base tributaria y con la productividad, principal determinante del crecimiento, que promedia una variación anual de -0.09% desde 2010.
Por lo pronto, el mundo crece al triple que nosotros y nos hemos desacoplado del desempeño de Estados Unidos. De los 90 a los 2010, hubo sincronía, pero en esta década su crecimiento duplica al nuestro. Allá la inversión y la productividad siguen incidiendo, con detonadores como la IA. Acá retrocedemos en ambas.
Una promesa de desarrollo y bienestar social enganchada al aumento del gasto corriente, sin inversión, productividad y crecimiento, es insostenible. Termina siendo regresiva y puede noquear a las finanzas públicas. Urge corregir la ruta: esa “cascada estructural hacia el estancamiento”.
FE DE ERRATAS: El artículo de la semana pasada, “¿Larga vida al TMEC?”, contiene dos imprecisiones sobre los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones automotrices mexicanas.
1) El compromiso de que las autopartes no serán gravadas bajo la Sección 232 no incluye a las que ya lo están, como motores y transmisiones. Protege al resto de esos aranceles y a todo el sector contra nuevas tarifas, como las de la Sección 301.
2) Estados Unidos puso sobre la mesa que 50% del valor de los vehículos sea estadounidense –10% adicional–, pero el 40% vigente conforme al TMEC corresponde al fabricado con salarios de al menos 16 dólares la hora. La nueva propuesta es una regla de origen distinta.