San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo, Cuautlancingo y Coronango son algunos de los 23 municipios que integran el corredor de la ordeña en Puebla, demarcaciones donde los habitantes tienen maletas y documentos preparadas para salir adelante ante una explosión
Por: Guadalupe Juárez
Un estallido cimbró la casa. Nayeli podía sentir en su rostro el calor emanado de las llamas del combustible que se consumía.
“¡Sal rápido, no te lleves nada!”, dijo Nayeli a su prima, quien tenía cuatro meses de embarazo. Entre gritos, desesperación y el temor de que el fuego las alcanzara subieron a la camioneta y se alejaron de la columna roja lo más que pudieron. El calor seguía cerca.
La prima sufrió una descompensación, su presión se elevó, existía el riesgo de que perdiera al bebé. Todos se salvaron.
“Lo bueno es que en lugar de explotar a lo ancho, no sé qué pasó que el fuego se fue hacia arriba, si no las dos se hubieran muerto. La columna de fuego superaba los 40 metros y fue en el mero día”, narra María, habitante de Palmar de Bravo, uno de los 23 municipios donde el robo de combustible cambió la vida de la población.
Chupaducto y huachicolero son dos palabras que se han vuelto comunes en su vocabulario. Así llaman a quienes se dedican a perforar ductos de Petróleos Mexicanos y a la venta de combustible robado.
Desde entonces, la vida no es la misma. A diario, temen que una explosión arrase sus viviendas, sobre todo las cercanas al campo donde generalmente los delincuentes se internan para extraer hidrocarburos.
Así como en las bodegas cercanas a sus casas, donde suelen almacenar los bidones con gasolina y diésel.
Se ha vuelto común que la gente viva con las maletas en la puerta y documentos a la mano, por si deben huir del estruendo, de las llamaradas que consumen el combustible y que podrían acabar con sus vidas.
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A una hora 46 minutos, a 115 kilómetros de Palmar de Bravo, en San Martín Texmelucan la historia es similar.
Desde 2010, cuando una explosión provocada por una toma clandestina acabó con decenas de vidas, las familias de Texmelucan viven con temor a un suceso similar.
En la comunidad de San Mateo Ayecac los pobladores se dedican a extraer y vender combustible robado.
Antonio es profesor de primaria en la localidad. Los papás y tíos de sus alumnos suelen ofrecer los galones de gasolina a precios más bajos.
“Todos saben quién es ladrón, quién es campesino y quién se dedica a ser chupaducto. Si a un niño le preguntas a qué se dedica su papá, te dice que a vender gasolina, pero el combustible –se sabe– es de las perforaciones a los ductos”, relata Antonio, originario de la capital poblana, pero que vive hace más de un año en esta zona.
Los niños anhelan ser como sus papás y sus tíos, lamenta el maestro de educación básica.
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En los límites de Cuautlancingo y Coronango el petróleo bañó el campo en agosto de 2016. Las náuseas y dolor de cabeza fueron los estragos para los habitantes de al menos cinco fraccionamientos afectados por una fuga de combustible de un ducto perforado.
Pasaron cuatro meses y cientos de reclamos a Pemex para que limpiaran el crudo regado en la carretera Puebla-Tlaxcala. Los insectos quedaron sin vida en el pasto, las vacas, borregos y perros que solían recorrer el lugar, nunca volvieron.
Las personas mayores padecieron enfermedades del estómago, la comida olía a petróleo, la lluvia llevaba consigo partículas del llamado oro negro, las alcantarillas albergaron el hedor que hacía arder los ojos.
Pero los chupaductos nunca se fueron. Al caer la noche rondaban la misma toma a pesar del charco de petróleo que permanecía en la zona.
Las mangueras olvidadas entre el pasto seguían ahí.
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El robo de combustible no sólo ha mermado los ingresos de Pemex, también ha lastimado poco a poco la seguridad de las zonas donde se detectan tomas clandestinas.
Las estadísticas delictivas en Puebla hablan por sí solas. En los 23 municipios que conforman la franja de robo de hidrocarburos se ve reflejado en aumento de inseguridad, principalmente en robo de vehículos y homicidios dolosos. Este delito de fuero federal está impactando en los del orden común.
El patrón delictivo entre robo de combustible y de automóviles parece repetirse en la mayoría de los municipios huachicoleros de la entidad poblana.
Por ejemplo, el municipio de Acatzingo. En noviembre pobladores cerraron la carretera Puebla-Orizaba con la finalidad de denunciar la muerte de un menor de edad tras un enfrentamiento entre huachicoleros y la Policía Estatal. De 2011 a septiembre de 2016 se contabilizaron un total de 232 robos de automotores, de los cuales 34% incluyó violencia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2011 registraron 37 denuncias, un año después ascendieron a 44, después a 27, luego a 35 y en 2015 a 51; para 2016 la cifra se disparó, pues hasta mayo –según el último análisis– se registraban averiguaciones previas de 21 robos de vehículos y en septiembre 38.
En el municipio de Palmar de Bravo los homicidios dolosos aumentaron de cinco –tres de ellos fueron perpetrados con arma de fuego– a 13 tan sólo hasta septiembre de 2016, de los cuales 10 fueron ocasionados con un arma.
El robo de combustible lo ha cambiado todo. La vida no es la misma con los chupaductos rondando y las explosiones a plena luz del día. Con los niños deseando ser huachicoleros y la presencia de petróleo derramado en fraccionamientos.