Odesyr registra 32 posibles muertes violentas de mujeres en demarcaciones con presencia de bandas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburos o gas LP.

Por: Mario Galeana

En los municipios del triángulo rojo se ha concentrado 23.8% de las muertes violentas de mujeres registradas por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) de 2018 a la fecha.

En ese lapso, la organización ha contabilizado 130 posibles feminicidios, de los cuales 32 se han registrado en demarcaciones con presencia de bandas dedicadas a la extracción ilegal de hidrocarburos o gas LP.

En el registro hemerográfico de Odesyr, la lista de muertes violentas de mujeres en la zona la encabeza el municipio de Tecamachalco, con siete casos; Tepeaca, con seis; Huejotzingo, con cuatro; Palmar de Bravo, Huixcolotla y Acatzingo, con dos casos cada uno, y Coronango, Tochtepec, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla y Cañada Morelos, con un crimen en cada demarcación.

La titular del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Mónica Silva Ruiz, consideró que este cinturón conocido por el robo de combustible es una de las regiones donde más han crecido los homicidios contra las mujeres.

La funcionaria señaló que, en el análisis de la investigación de cada crimen, las autoridades han encontrado un elemento inédito hasta ahora: la participación de las mujeres en distintos niveles del crimen organizado.

“Estamos encontrándonos en una realidad y contexto en el que las mujeres antes no se movían, y ahora sí. Por ejemplo, la delincuencia organizada”, explicó recientemente en una sesión de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.

Silva Ruiz señaló que las mujeres pueden haber sido obligadas por sus parejas a participar en actividades ilícitas: un elemento que debe ser considerado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para definir si los crímenes en dicha región corresponden a feminicidios.

Para eso, los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se encuentran en la antesala de un nuevo tipo de investigación sobre muertes violentas de mujeres: el peritaje antropológico.

“Es muy importante conocer este tipo de peritaje, porque eso nos dirá qué lleva ahora a una mujer a involucrarse en la delincuencia organizada: si su pareja la está obligando o si a lo mejor está amenazada. Hay que analizar ese contexto para saber si se trata o no de un feminicidio, o si decidió o no meterse a la delincuencia organizada”, abundó.

EL VACÍO DE INFORMACIÓN EN FEMINICIDIOS

Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil han señalado que los gobiernos ocultan la participación del crimen organizado en los feminicidios.

A principios de febrero, la presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dijo que 70% de los feminicidas tienen el estatus de desconocidos y el 30% restante están ubicados como personas conocidas de las víctimas.

“Hemos hecho mucha investigación. A través de la judicialización y el acompañamiento de casos nos acercamos a entender, cada vez más, los patrones y diversos modus operandi de la violencia contra las mujeres. Esto no es solo de datos estadísticos. Es de información de las compañeras que tenemos en 23 estados de la república que están acompañando los casos, que están entendiendo cómo si hay violencia intrafamiliar pero también provocada por bandas criminales”, dijo en una conferencia de prensa.

Hasta ahora, la investigación por feminicidios en Puebla parece reducirse a la escena del crimen, lo que ha provocado una laguna de información respecto al contexto social de las víctimas.

Entre 2015 y 2017, por ejemplo, la Fiscalía local investigó 164 feminicidios de mujeres y 303 homicidios dolosos más. Sin embargo, sólo en 58% de los casos pudo acreditar el nivel de escolaridad de las víctimas, en 66% su estado civil y en 47.5% su ocupación.

Asimismo, Mónica Silva Ruiz reveló que los reportes que la FGE presenta ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pueden incluir una tipificación errónea de los homicidios dolosos y los feminicidios.

La funcionaria explicó que la Fiscalía tiene hasta 10 días después del final de cada mes para presentar el registro de todos los delitos que se cometen en el estado.

Aunque cada homicidio doloso de mujer se investiga bajo el protocolo de feminicidio, la premura del tiempo y el insuficiente personal del órgano de procuración de justicia favorece un dictamen erróneo de los casos.

“No hablaría de una cifra negra (de feminicidios), ni siquiera lo consideraría”, valoró la titular del IPM. “Cierto es que la capacidad instalada de la Fiscalía es muy limitada y muchas veces no es que no exista rigurosidad, desde luego que existe, y por eso muchas veces tardamos más en dar respuesta a las investigaciones”.

Una vez que el SESNSP recibe los reportes sobre homicidios dolosos y feminicidios, estos ya no pueden ser modificados.

Desde 2015, la Fiscalía de Puebla ha reportado al SESNSP el registro de 110 feminicidios y ha declarado el cierre de 56 carpetas de investigación.