Mano negra. En Puebla existe una red de seis firmas que comparten accionistas, apoderados y administradores; dos de ellas son Productos ERN y Zeni Industrial, que fueron creadas el 7 de mayo de 2018.

Por: Staff 24 Horas Puebla

Por: Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en una poderosa constructora en México y gran parte de esto se debe a sus procesos de licitación donde en más de 17 obras militares y civiles contrató como proveedoras a 100 empresas fantasma, algunas fincadas en Puebla y constituidas por el ahora prófugo de la justicia, Mario Marín Torres.

De acuerdo con una investigación de El Universal, entre 2007 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Sedena realizó 851 obras que le fueron encargadas por varias dependencias de gobierno por adjudicación directa, modelo previsto en la ley de obras que no se sujeta a una licitación pública.

En la revisión realizada por el diario de circulación nacional a 17 de las 851 obras, se encontró que la dependencia militar destinó un total de 891 millones de pesos para contratar proveedoras de bienes y servicios a un centenar de empresas con inconsistencias, las cuales firmaron contratos en procedimientos ilícitos.

Dentro de los proveedores hay cinco casos donde los socios o negocios han sido declarados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladoras de operaciones. Tal es el caso de Grubernova, que vendió insumos en 2015 para edificar una escuela en el Campo Militar de San Miguel Los Jagüeyes, en el Estado de México.

A pesar de esto, en la dirección fiscal reportada por la firma se encuentra un negocio de barbacoa de nombre “El Hidalguense”, que opera desde mayo de 2017, y donde, según vecinos, antes había una compañía llamada Brisa.

Dentro del reporte del SAT, hay ocho empresas o dueños que fueron reportados como no localizados, como Francisco Javier López Rodríguez de Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal, la cual se ubica en un domicilio de Puebla, pero tras un recorrido por la zona hecho por El Universal se percataron de la inexistencia de la vivienda.

Otra empresa de nombre Constayma, ubicada en la colonia La Paz, en la Angelópolis, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por simular operaciones con beneficiarios de subsidios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al integrar una red que “facturó servicios que no fueron realizados, los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.

En la misma situación se encuentra Concretos Luaya, constituida en 2016 por el notario Mario Marín Torres y la cual vendió concreto por 1.3 millones de pesos para la edificación de un Centro Aeroespacial en Zacatecas, en 2018.

Una joven de nombre Rubí Esmeralda Costeño es una de las personas que constituyeron dicha empresa, la cual aparece en un padrón de beneficiados con techos de lámina de un programa de Desarrollo Social y quien aportó una dirección incorrecta, pues la calle no corresponde a la colonia Joyas del Sur, también en Puebla, refiere la investigación.

Otra compañía donde el ex gobernador fungió como fedatario, la cual fue constituida por José López Cruz, quien en esa fecha tenía 19 años de edad y trabajaba en una tortillería, fue creada en febrero de 2016 y ocho meses después firmó un contrato con Sedena para venderle madera a una obra en Guerrero.

El diario refiere que al entrevistarlo, el joven aceptó haber firmado documentos, pero nunca supo dónde se encontraban las oficinas ni recibió pagos: “Nomás hice lo legal y ya. De lo demás no me enteré”.

A través de su Notaría, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, también dio fe del Islort Construcciones y Concretos, constituida por Telésforo García Baleón, quien declaró ser comerciante y vivir en la unidad habitacional San Miguel, pero cuando la periodista Zorayda Gallegos acudió al domicilio, le informaron que ya no vivía ahí y que laboraba en una empresa de mudanzas.

En Puebla hay una red de seis empresas que comparten accionistas, apoderados y administradores, dos de ellas son Productos ERN y Zeni Industrial, las cuales arrendaron equipo y vendieron “agregados” para la edificación del Eje Metropolitano del Rincón de Guanajuato.

Dichas empresas se crearon el 7 de mayo de 2018 con un notario tlaxcalteca, quien un día después avaló la construcción de Brener, que habría de sumarse como proveedora de la misma edificación.

La Sedena contrató a estas tres empresas cuando apenas tenían dos meses de haberse constituido, y pese a su nula experiencia y haber competido con Cemex (Cementera mexicana que comercializa sus productos en 50 países), obtuvieron en el proceso de invitación por contratos 30 millones de pesos.

En tanto, en Zeni Industrial aparece como comisario Feliciano Aguilar Corona, quien ostenta el mismo cargo en ERN Productos, donde también se encuentra como accionista María Luz Martínez Sosa, quien es socia en Lizte Empresarial.

Luis López Carreón es socio de Shedar Soluciones y de ERN Productos, su hermano es socio de Brener y Shedar, esta última tiene el mismo domicilio de Comercializadora Jicolapa, una empresa constituida en enero de 2016 y que se disolvió tres años más tarde.

En el domicilio fiscal de Shedar y Jicolapa, también en Puebla, actualmente opera otra empresa. En ese domicilio, afirmaron comerciantes de la zona al diario, que una persona es contratada para hacer el aseo y recibir la correspondencia.

De acuerdo con El Universal, el modelo de contratación por administración directa que dio pie a estas irregularidades es el mismo que usó la Sedena en la construcción de la barda y camino perimetral de acceso en el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) y es el mismo esquema que se está utilizando en Santa Lucía, concluye la investigación.