El proceso de investigación que existe en torno al probable delito de manejo de procedencia ilícita en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, podría dar un nuevo vuelco en los próximos días si es que uno de los detenidos e imputados de ese y otros cargos decide acogerse al criterio de oportunidad, como los establece el Código de Procedimientos Penales en el estado.
El lunes 26, la columna Parabólica dio cuenta de la detención de Jorge Alberto Torres Fernández como presunto prestanombres para permitir lavar dinero patrimonio de la universidad pública más grande del sureste del país y que, debido a las evidencias presentadas, un juez de control había decidido vincularlo a proceso junto con una persona más, cuya identidad es aún una incógnita.
Torres Fernández busca asesoría penal para acogerse al programa de testigos protegidos, tal y como sucedió a nivel federal como el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, detenido en Mallorca, España para luego ser traído a México en donde no ha pisado un milímetro de la cárcel como la mayoría de la sociedad mexicana hubiera esperado.
Torres Fernández aspira a convertirse en nuestro Lozoya Austin. Para ello deberá aportar datos de prueba con solvencia suficiente para encontrar el hilo de la madeja que lleve a la acción penal que espera el gobernador Miguel Barbosa, que una y otra vez ha señalado ilegalidades en el gasto público universitario.
“Torres Fernández aparece en una robusta denuncia por posibles delitos de asociación delictuosa, peculado, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del patrimonio de la BUAP”, según dice la carpeta de investigación 754/2020 a la que el autor tuvo acceso.
No existe precedente en los anales del litigio poblano en que un probable responsable de delitos que hayan dañado el patrimonio público haya sido llevado a proceso penal. La mayoría de los integrantes de la clase política que han edificado fortunas personales gozan de cabal salud y en el folclor mexicano se les llama “delincuentes de cuello blanco”.
Tampoco existe una referencia precisa a que un imputado haya decidido acogerse al beneficio previsto en el Código de Procedimientos Penales para salvar el pellejo, a cambio de aportar elementos de prueba que permitan identificar con mayor claridad la irregularidad referida en reiteradas ocasiones y diversos espacios.
La ruta jurídica establece que un acuerdo de esa naturaleza pasaría primero por el juez de control que conoce de la causa, exponerlo a la parte acusadora que, para el caso, es la Fiscalía General del Estado y entonces fijar las condiciones de lo pactado para permitir que el acusado original obtuviera su libertad.
La tarea no es nada sencilla por los elementos jurídicos y actores políticos que implica en un proceso de investigación que apunta a personajes de alto perfil como es el propio Alfonso Esparza Ortiz, el primer rector universitario señalado como beneficiario junto con María Isabel Martínez Hermoso, expuesta como una mujer cercana a la rectoría con la capacidad de decisión suficiente para poner y quitar funcionarios de primer nivel en el gobierno universitario.