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Dos años después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por la presunta venta de menores de edad desde el Sistema Estatal DIF, concluyó en 2021 que no había elementos para para tipificar algún delito.
Fue el 23 de agosto de 2019, en la reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, evento que se realizó en el Centro de Convenciones y estuvo presidido por el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, cuando el mandatario acusó que se realizaba esta práctica durante las administraciones pasadas.
Sin embargo, después de dos años la FGE no encontró elementos para el ejercicio de acción penal ante estos señalamientos, así lo informó Jonathan Ávalos Meléndez, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.
“La Fiscalía del Estado, después de realizar las indagatorias correspondientes, en 2021 determinó que no había elementos para tipificar algún delito ni encontrado ninguna cuestión que diera por cierto lo que decían las notas periodísticas y en cuestión dictó un no ejercicio de la acción penal”, sentenció.
El consejero jurídico explicó que la denuncia se presentó basada en versiones periodísticas en las que se señalaban presuntas irregularidades al interior del SEDIF.
En el evento de ese año, el exgobernador Barbosa aseguró que su administración tenía documentados los casos, además de que esta situación se debía a la corrupción que imperaba en los gobiernos anteriores.
“Créanme que en el DIF estatal tenemos documentados casos de venta de menores. Es terrible, ¿eh? Y una vez que tengamos más elementos va a ser objeto de denuncias. Y eso se debe a la debilidad en el funcionamiento de las cosas y desde luego a la corrupción”, acusó.
La denuncia fue un señalamiento directo contra los morenovallistas, pues en las últimas dos administraciones, previo a su gestión, la presidencia honoraria del SEDIF recayó en Martha Erika Alonso Hidalgo y Dinorah López, esposa de José Antonio Gali Fayad.
Barbosa Huerta agregó que el organismo había sido utilizado como herramienta de estrategia política.
“No podemos dejar que esto sirva funcionando así (…) en el DIF estatal se alojó mucho de la operación política de los gobiernos anteriores. Que los programas del DIF no sirvan para hacer promoción política ni control política”.
Incluso, el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus conferencias mañaneras indicó que le pediría a Barbosa Huerta más información sobre ese caso.
“Falta que haya más elementos. Hoy le voy a pedir de manera respetuosa que me permita conocer más de este tema”.
Mientras tanto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que los procesos de adopción del SEDIF se mantienen en el marco de la ley.
Añadió que la presidenta de este organismo, Gabriela Bonilla Parada, vigila que estos procesos se realicen correctamente, y que constantemente hay sesiones en el organismo para atender las solicitudes de parejas interesadas, pues se busca que los menores tengan oportunidad de una familia.
“Soy testigo de que mi esposa Gaby aunque no tenga voto en el Comité de adopciones ella está de manera permanente revisando, está ahí viendo con mucha puntualidad y lo hace a detalle (…) se generan esos comités interminables de siete u ocho horas para poder determinar”, apuntó.