Así como la irrupción de infiltración del narcotráfico en candidaturas, equipos de campaña y financiamiento de estas es uno de los principales peligros para la democracia en México, la violencia y la inseguridad –que van de la mano y están estrechamente enlazadas con el crimen organizado– también resultan un foco rojo para los órganos y tribunales electorales y para las autoridades.
La inquietante ejecución de Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, ocurrida este sábado frente a sus dos hijos menores de edad y a plena luz del día, es la primera llamada de atención (ojalá sea la única y última) para el gobierno federal y el estatal, así como para la junta local del INE en Puebla y el Instituto Electoral del Estado, para que las elecciones del 2 de junio no se conviertan en un infierno, como lo fueron las del 2018.
Las últimas elecciones ordinarias en la entidad poblana para renovar al Gobierno del estado fueron bastante violentas y sangrientas, con plena consciencia y hasta ordenada por el difunto Rafael Moreno Valle y con la complacencia de Tony Gali, titular del Ejecutivo local, y de Diódoro Carrasco, exsecretario General de Gobierno.
Durante el proceso electoral 2017-2018 fueron asesinados en Puebla cinco precandidatos y candidatos. En septiembre de 2017 fue ejecutado Germán Villalba, quien en esa fecha se perfilaba como candidato del PRD; en marzo de 2018, fue ultimado Gustavo Martín Gómez Álvarez, candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Francisco Z. Mena; Aarón Varela Martínez, militante del partido Morena y entonces precandidato a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, fue asesinado en ese mismo mes.
Además de la candidata a diputada local por el distrito 2 con cabecera en Huauchinango del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juana Iraís Maldonado Infante, quien fue ejecutada en el municipio de Jopala, junto con la regidora de Salud del municipio de Juan Galindo, Erika Cázares; y José Jairo García Oliver, abogado y aspirante por la vía independiente a una diputación local, quien fue ejecutado de un disparo en la cabeza tras ser reportado como desaparecido el 30 de enero.
El día de la jornada electoral, el 1 de julio, la entidad poblana vivió la votación más insegura y violenta en la historia del estado, en la que se vio –como nunca antes– comandos armados en las calles de la capital, intentos de secuestros, robo de urnas y hasta atentados en contra de los colaboradores del entonces abanderado de Morena, Miguel Barbosa.
En dichas elecciones, dos militantes del PRI fueron asesinados en el municipio de Chignahuapan, se reportaron al menos ocho heridos con armas de fuego y 18 robos o intento de robo de urnas en la capital del estado, por grupos armados que se transportaban en vehículos blancos, principalmente.
La imagen de ciudadanos haciendo una cadena humana para rodear una camioneta blanca de la FGE que se volcó en Xilotzingo y para resguardar la papelería electoral fue la estampa más emblemática de las elecciones que el morenovallismo manchó de sangre.
El asesinato del morenista Jaime González es y debe ser un ultimátum para todas las autoridades en Puebla para blindar los comicios del 2 de junio, cuyas campañas locales están a tan solo seis días de dar inicio.
A nivel nacional, son 18 los candidatos que han perdido la vida por sus aspiraciones política, de acuerdo con datos del Consejo General del INE.
El poblano ejecutado el fin de semana sería el décimo noveno caso de un candidato asesinado en el presente proceso electoral.
En los últimos comicios presidenciales, del 2018, fueron 112 los políticos asesinados. El indicador de violencia política México 2018, de la consultora privada Etellekt, destacó que, en total, fueron más de 400 agresiones a políticos y candidatos desde septiembre de 2017.
De los 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección; el resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos.
En ese periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales, 73 son candidatos y 16 precandidatos.
Itzel Soto, coordinadora de Votar entre Balas, elaborada por Data Cívica, precisó que la violencia política en el país está concentrada, principalmente, en puestos a nivel municipal.
“Todos los precandidatos a nivel municipal (asesinados en enero de 2024) eran de partidos distintos a los que estaban en el poder en la entidad federativa, entonces esto nos habla pues justo de reconfiguraciones y lucha por ganar puestos o ganar incidencia en los puestos de autoridades gubernamentales”, señaló la especialista en una entrevista para el periódico El Economista.
La violencia en las elecciones de México es otro gran reto para las autoridades de todos los niveles y un gran problema que pone en riesgo a la democracia del país.
Puebla no quiere que se repita la historia que vivimos en el 2018.
Que la fiesta democrática sea justo eso: una fiesta.
Nunca más una votación entre balas.