El Santuario Migrante, que estará ubicado en una casona de la avenida Juárez, continúa en proceso de rehabilitación, gracias a las aportaciones que realizan las organizaciones que integran el proyecto, a pesar de tener limitaciones económicas, señaló Carlos Orea Alonso, encargado del proyecto.

En entrevista con 24 HORAS, el defensor de los paisanos en Estados Unidos informó que actualmente laboran en la reparación de la instalación hidráulica, tarea fundamental para garantizar el acceso al agua, así como mejoras a las condiciones generales del espacio, para dar un hogar a los poblanos deportados.

“Vamos despacio, pero a prisa o, como dicen los gringos, slowly but surely. Hemos avanzado, pero lamentablemente nos encontramos con dificultades”, reconoció el empresario poblano radicado en Los Ángeles, California.

Mencionó que cuando realizaron la presentación de este espacio, el pasado 20 de enero, no contaban con los imprevistos que provocaron retrasos en las obras.

No obstante, Orea Alonso señaló que “posiblemente en un mes”, el Santuario Migrante podría estar funcionando al 85 por ciento, puesto que ya se acondicionaron algunos baños, regaderas y se compraron literas donde dormirán los retornados.

El promotor del proyecto aclaró que las organizaciones a cargo de la obra no están respaldadas por ninguna dependencia gubernamental, municipal o funcionario público. La intervención se lleva a cabo bajo su responsabilidad y con recursos propios.

“El proyecto continúa de pie. Los tiempos los pensamos e hicimos la presentación simbólica, con base en la posición de Donald Trump y las amenazas que realizó durante su campaña para ser presidente de Estados Unidos, y ante una posible deportación masiva”, remarcó.

MEXICANOS ASUSTADOS

Orea Alonso hizo hincapié en que existen leyes en Estados Unidos que frenan, de cierta manera, las políticas migratorias que busca establecer Donald Trump, por lo que remarcó que, de acuerdo con su experiencia, la estrategia es “asustar a los paisanos para que regresen por decisión propia”.

La política implica, según el activista, arrestos no permitidos, retenes o propaganda en contra de migrantes, lo que atemoriza a muchas familias. No obstante, aseguró que muchos de ellos se pueden amparar con un juez y buscar acciones a su favor.

El director del refugio mencionó que el presupuesto de la administración Trump es insuficiente para deportar a la cantidad de mexicanos que prometió expulsar.

“Es una política de doble moral. Ellos reconocen lo que aportan los migrantes, ya que representan una gran parte de la mano de obra y economía de todo el país. Sin ellos quedaría precaria, sin mencionar la aplicación de aranceles a México y Canadá. El imperio financiero de Estados Unidos podría derrumbarse”, concluyó.

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