El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que está dispuesto a reunirse con colectivos de familiares de personas desaparecidas, pero antes deben establecer una agenda junto al secretario de Gobernación.

“Primero que hagan una agenda con Samuel Aguilar Pala, porque hay que ordenar los temas, y luego yo me siento con ellos en esta misma semana”, dijo el mandatario poblano este miércoles.

La declaración surge después de que el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla solicitara un encuentro con el gobernador para discutir la situación de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Las familias señalaron que los cambios recientes dentro de la Comisión han generado retrasos en los operativos de localización y han provocado incertidumbre institucional que obstaculiza sus procesos de búsqueda activa.

El llamado de los colectivos ocurrió tras una manifestación pacífica que realizaron el 16 de abril frente a Casa Aguayo, donde exigieron una mesa de diálogo con el mandatario estatal.

En esa ocasión, los manifestantes demandaron ser escuchados antes de que se lleve a cabo el proceso de renovación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, clave en la localización de desaparecidos.

Para las familias, participar en la toma de decisiones sobre esta designación es crucial, ya que consideran que el perfil del titular debe incluir experiencia en derechos humanos y búsqueda forense.

Hasta ahora, no hay fecha definida para la reunión con el gobernador, pero se espera que se concrete en los próximos días, luego de que se conforme la agenda inicial.

Organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda insisten en que el proceso de diálogo sea transparente, incluyente y con garantía de seguimiento institucional por parte del gobierno estatal.

En Puebla hay más de mil personas reportadas como desaparecidas, por lo que los familiares exigen atención urgente, coordinación efectiva y claridad sobre las acciones concretas para localizar a sus seres queridos.

El caso visibiliza la urgencia de establecer canales permanentes de comunicación entre el Estado y los colectivos, a fin de construir políticas públicas basadas en el reconocimiento y la participación ciudadana.

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