En medio de una crisis humanitaria tan profunda como la que vivimos en México y particularmente en Puebla, donde las desapariciones siguen siendo una herida dolorosa y abierta, la reciente designación de Juan Enrique Rivera como nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado no sólo desconcierta, insulta a los colectivos de víctimas que llevan años luchando contra el olvido.
Rivera, quien fue presidente municipal de Chignahuapan, arrastra antecedentes que deberían haberlo inhabilitado. Su paso por la alcaldía dejó cuentas públicas cuestionadas: en 2012, la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por más de 20 millones de pesos en su administración. Aunque no fue sancionado penalmente, la sombra de la opacidad jamás se diluyó. Hoy, el Gobierno decide entregarle la responsabilidad de encabezar una de las instancias más delicadas en materia de derechos humanos, justo cuando Puebla enfrenta su propia tragedia de desapariciones.
Los datos son escalofriantes: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta marzo de 2025, México acumula más de 114 mil personas desaparecidas. Puebla, por su parte, reporta más de 2 mil 300 casos, una cifra que no sólo refleja el horror, sino también la incapacidad institucional para atender esta emergencia. Tan sólo en 2024, el estado registró un aumento del 8% en nuevos reportes, una tendencia que debería obligar a un manejo técnico, sensible y transparente de la Comisión de Búsqueda.
En contraste, las gestiones anteriores, aunque imperfectas, mantenían un mínimo de legitimidad técnica. María del Carmen Carabarin Trujillo, quien fuera comisionada hasta 2024, provenía de un entorno de derechos humanos, con experiencia en atención a víctimas y participación directa con colectivos. Su desempeño fue criticado por falta de resultados visibles, pero nunca por falta de conocimiento o de vínculos legítimos con las víctimas. Con Rivera, la diferencia es abismal: su nombramiento no fue el resultado de un proceso transparente ni participativo, tiene cara de imposición política.
Su nombramiento enrarece el ambiente, es una burla al dolor de las familias. ¿Qué sensibilidad puede esperarse de alguien cuya gestión pasada está marcada por señalamientos de corrupción? ¿Qué conocimiento técnico puede ofrecer alguien cuya trayectoria está ligada al quehacer político-electoral y no a la búsqueda de personas?
La comisión debe ser un espacio de empatía, profesionalismo y diálogo constante con las víctimas. No un refugio para políticos reciclados.
Las consecuencias de esta imposición no serán menores. La confianza en las instituciones puede colapsar aún más, y con ella la poca esperanza de las familias para encontrar justicia. Mientras tanto, el dolor de quienes buscan a sus seres queridos seguirá siendo administrado por funcionarios que jamás han entendido, ni respetado, la dimensión de su sufrimiento.
En lugar de fortalecer la búsqueda de personas y combatir la impunidad, se optó por entregar la comisión a alguien que representa todo lo contrario a lo que las víctimas necesitan: transparencia, compromiso y sensibilidad.
Así, en lugar de avanzar, retrocedemos una vez más, la dignidad de las víctimas se sacrifica en el altar de los intereses políticos. ¿Usted qué opina?