La Ibero Puebla alertó sobre los riesgos de un proceso exprés en la designación del nuevo comisionado de la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado.
Tras la publicación oficial de la convocatoria por parte de la Secretaría de Gobernación, el 10 de abril, se concedieron únicamente cinco días hábiles para recibir la documentación de los aspirantes.
A través de un comunicado, la universidad expresó su preocupación ante la falta de tiempo suficiente para la difusión adecuada de la convocatoria y la postulación de perfiles idóneos.
La institución académica pidió a las autoridades un proceso transparente, que sea acompañado por familias y colectivos de personas desaparecidas, pilares fundamentales en esta crisis humanitaria.
Los firmantes del documento fueron la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Observatorio de Participación Social y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
Coincidieron en que el corto plazo no garantiza una participación activa, ni la presentación de propuestas que reflejen el contexto real y el dolor acumulado por miles de familias poblanas.
También subrayaron que el proceso actual dificulta la evaluación de programas de trabajo, los cuales deben incluir mecanismos participativos, sobre todo en la etapa de entrevistas personales.
La Ibero exigió que la Secretaría de Gobernación garantice condiciones inclusivas que permitan un diálogo directo con las familias afectadas por desapariciones en la entidad.
Afirmaron que la crisis de desapariciones en México exige una actuación ética, enfocada en los derechos humanos, con un enfoque centrado en las víctimas y sus familias.
Según lo estipulado en la convocatoria, será la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos la que analice las postulaciones presentadas ante dicha dependencia estatal.
Posteriormente, los perfiles serán entrevistados en lo individual. La decisión final sobre quién ocupará la titularidad de la comisión la tomará el gobernador Alejandro Armenta.
Finalmente, la universidad insistió en que el proceso debe contemplar buenas prácticas internacionales en materia de designación y criterios de idoneidad claros, verificables y consensuados con la sociedad civil.