VICKY FUENTES
En Puebla, el nepotismo no es una práctica aislada, es una constante que permea en diversos ayuntamientos, donde alcaldes colocan a familiares directos en cargos públicos, sin que exista una legislación estatal que lo impida. Esta situación refleja una preocupante normalización de la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública.
No hay región en el estado que se salve de esta mala práctica. En Amozoc de Mota, el presidente municipal, José Severiano de la Rosa Romero, ha sido señalado por tener al menos 30 trabajadores ligados por lazos familiares en la nómina del ayuntamiento. Este esquema de nepotismo se extiende también a su esposa, Gloria Barrales Mendoza, presidenta honoraria del DIF y a otros funcionarios del ayuntamiento. En conjunto, estos casos representan una erogación mensual aproximada de 332 mil 833 pesos en sueldos.
En San Martín Texmelucan, las cosas van por el mismo camino, pues el edil José Manuel Alonso Ramírez tiene en la nómina del ayuntamiento, al menos a cinco miembros de su familia, los Ochoa, quienes dominan todo hasta la Tesorería.
Por lo menos en Puebla se tiene registrados más de 17 municipios donde se práctica el nepotismo desde hace mucho tiempo, no importa si están en la Sierra Norte, la Mixteca o el Triángulo Rojo; los políticos poblanos favorecen a quienes tienen el mismo apellido.
Sin duda estos casos evidencian una práctica sistemática de nepotismo que no sólo afecta la eficiencia y transparencia de los gobiernos municipales, también perpetúan estructuras de poder familiares que limitan la participación ciudadana y la meritocracia en el servicio público.
La ausencia de una legislación estatal en Puebla que prohíba explícitamente el nepotismo permite que estas prácticas continúen sin consecuencias legales. No olvidemos que a nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una reforma para impedir que familiares de funcionarios salientes se postulen para el mismo cargo de elección popular de forma inmediata y hasta por tres años, con la intención de aplicarla en las elecciones de 2027. Sin embargo, los grupos se dividieron y la iniciativa será implementada hasta 2030, ya que además enfrenta diversos obstáculos políticos.
Es urgente que el Congreso de Puebla legisle en materia de nepotismo para establecer mecanismos que impidan la contratación de familiares en cargos públicos sin los debidos procesos de selección y evaluación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Por otro lado, la ciudadanía también tiene un papel crucial en la denuncia y vigilancia de estas prácticas, exigiendo a sus representantes un comportamiento ético y comprometido con el bienestar común. Sólo así se podrá construir un Gobierno justo, transparente y al servicio de todos los poblanos. ¡Nos lo merecemos!