La Suprema Corte de Estados Unidos decidió que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a fabricantes de armas frente a la demanda del Gobierno de México.
La decisión revoca el fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que había dado luz verde a la demanda, y ordena que el caso regrese al Juzgado de Distrito de Boston.
El argumento central fue que México no probó que los fabricantes “ayudaran e instigaran” el tráfico ilícito de armas. No se abordó el tema de proximidad del daño.
La demanda, presentada en agosto de 2021, alegaba que empresas armeras facilitaron el flujo ilegal de armas que nutre a grupos criminales en México, fomentando la violencia e inseguridad.
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Tras el fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su desacuerdo y aseguró que continuará su lucha contra el tráfico de armas, agotando recursos legales y diplomáticos.
Según la Cancillería, el caso en Massachusetts no afecta el curso de la segunda demanda, interpuesta en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras. Esta sigue en etapa de producción de evidencia.
México considera que estas acciones legales han visibilizado el grave impacto del tráfico de armas. Ha logrado posicionar el tema tanto en foros bilaterales como multilaterales.
En 2021, el tema fue llevado al Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la resolución 2616. Actualmente, se espera una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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