Onán Vázquez Chávez, presidente de la asociación civil Vida Plena, negó que exista un boicot en contra de la organización APPS Derechos Humanos, la cual acusó un presunto sabotaje a la Marcha Estatal del Orgullo LGBTIQ+ del 21 de junio.
El señalamiento ocurre tras la convocatoria a una primera movilización este sábado 14 de junio, para conmemorar los 23 años de la primera manifestación de las poblaciones de la diversidad sexual en la ciudad de Puebla, el 31 de mayo de 2002.
“No hay ningún enfrentamiento, no estamos compitiendo con nadie y menos con un grupo LGBTIQ+. Sí hay posturas diferentes y visiones diferentes del movimiento, por ejemplo, hay una visión que es más mercantilista en la otra marcha; en el caso nuestro, seguimos rescatando el trabajo colaborativo y comunitario”, dijo.
Este año, a invitación de otros colectivos, Vida Plena se integrará a la movilización del sábado venidero, “porque tenemos propuestas y necesitábamos organizarnos”.
“Nosotros lo que sí celebramos es que haya más opciones, incluso hemos dicho que, si se realizara una marcha cada semana, pues qué maravilla, qua haya opciones para la población y que tenga dos oportunidades de participar y también de divertirse, de ir a gritar y de manifestarse”, aseguró Vázquez Chávez.
El activista recordó que Vida Plena y el desaparecido Comité Orgullo, organizaron la Marcha del Orgullo en Puebla durante 15 años, sin embargo, “fue desgastante”.
“Muchos dejaron de participar y vamos envejeciendo; los movimientos sociales, al ser autofinanciados, ganan legitimidad y representatividad, pero eso conlleva la dificultad de seguir trabajando colectivamente, además, se necesita tiempo y dinero”.
No obstante, Onán Vázquez consideró que, como movilización política, las marchas LGBTIQ+ tienen consecuencias, ya que “es un escaparate y un altavoz para que los gobiernos escuchen las necesidades que tenemos y puedan diseñar políticas públicas para resolverlas”.
En este sentido, el presidente de Vida Plena afirmó que las poblaciones de la diversidad sexual necesitan espacios seguros para expresarse con confianza, en paz, sin agresiones ni violencias.
“Más allá de la cuestión política, la marcha la organizamos para los jóvenes; sabemos que todavía hay niños, niñas, adolescentes que siguen creyendo que son los únicos en el planeta, por eso salimos, para que sepan que no están solos, que no están enfermos, que no es un delito y que no hay nada de qué avergonzarse”, destacó.
LEY CONTRA LA DISCRIMINACÓN, OBSOLETA
Los colectivos convocantes a la Marcha del Orgullo Puebla 2025 buscan, mediante la manifesración, Impulsar abrogación de la Ley contra la Discriminación del Estado, promulgada en 2013, la cual consideran “limitada e insuficiente”.
En entrevista, Onán Vázquez explicó que, hace 12 años, Vida Plena presentó observaciones a la normativa, ya que concentraba los actos de discriminación entre entes públicos, sin contemplar las posibles agresiones entre particulares.
Por ejemplo, en las empresas se despide a las personas por su orientación sexual o identidad de género o al rentar una vivienda, ya que existen casos de caseros que solicitan el inmueble cuando se entera que sus inquilinos son LGBTIQ+.
“Hemos documentado casos y los derivamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) para que les otorguen asesoría, pero no es de su competencia la discriminación entre particulares y desconocemos sí tienen registro”, reveló.
Además, desde la aprobación de la ley, nunca se conformó un comité dictaminador, de carácter voluntario y civil, sin pago, y que solamente se reuniría dos veces al año.
“¿Qué pasa con los casos? Los acumulan seis meses, el comité los revisa y determina si fue discriminación, pero nunca se ha conformado y, al no existir, es letra muerta”.
Vázquez Chávez informó que la actual normativa se debe abrogar, “por aseo legislativo”. No obstante, tienen como base y referencia la propuesta presentada en la Legislatura pasada, pero que nunca se discutió.
En dicha iniciativa, elaborada por la exdiputada local de Morena, Jocelyn Olivares, apoyada por Marco Moreno, actual secretario técnico de la CDH y la legisladora trans en funciones, Gaby Chumacero, así como los integrantes de Vida Plena.
Aunque en la nueva ley no prevé sanciones penales o económicas, si se contempla la reparación del daño, así como la capacitación del posible agresor, finalizó el activista.