Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida) sufrió recortes presupuestales superiores a 833 millones de pesos.
De acuerdo con los informes de gestión 2019-2024, a Censida se le autorizaron 2 mil 674 millones de pesos, pero solo ejerció mil 800 millones, afectando acciones preventivas y asistenciales.
El caso más crítico fue en 2024, cuando se aprobaron 551 millones de pesos, pero únicamente se ejercieron 219 millones, según datos del último reporte institucional del organismo.
A pesar de los recortes, entre 2020 y 2023, Censida transfirió 117.4 millones de pesos al Banco del Bienestar para apoyar a mujeres cis y trans con VIH, sin seguridad social.
El apoyo económico fue destinado al transporte y abasto de medicamentos, como parte de la estrategia para reducir barreras de acceso al tratamiento en unidades especializadas.
Durante ese periodo también se realizaron más de 1.5 millones de pruebas rápidas de VIH en personas sin seguridad social, y más de 3 millones de pruebas rápidas complementarias.
Además, se registraron 336 mil estudios de carga viral de hepatitis C, lo que permitió iniciar un programa ampliado desde 2023, pese al limitado presupuesto disponible.
Censida recomendó que para el periodo 2024-2030 se garantice atención diferenciada para personas con diagnóstico tardío o en condiciones de alta vulnerabilidad.
Asimismo, pidió al gobierno mantener vigilancia e investigación sobre la resistencia al VIH para actualizar políticas públicas de tratamiento antirretroviral y reducir la mortalidad por inmunosupresión.